El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cambia el sistema de elección de sus miembros para limitar la intervención de las asociaciones judiciales, le resta potestad reglamentaria y le retira la autonomía presupuestaria.
La reforma, que anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, afecta también a la conformación de las comisiones del Consejo, compuesto por 21 vocales, incluido el presidente.
El ministro declaró: 'He intentado un acuerdo parlamentario para que la ley sea respaldada por el máximo número de grupos y, muy especialmente, por el PSOE' y manifestó su esperanza de que la futura votación de la reforma en el Parlamento reúna una amplia mayoría de consenso.
La reforma prevé que, para la elección de los vocales designados por el Congreso y el Senado a propuesta de la carrera judicial, sea mucho más fácil que hasta ahora la concurrencia de candidatos independientes, es decir, que no pertenezcan a las asociaciones profesionales de jueces. Además, disminuye sensiblemente la potestad reglamentaria del órgano de gobierno de los jueces, en materias como sueldos o vacaciones de los jueces españoles, que pasan al Ministerio de Justicia. Junto a ello, los viajes de los vocales del CGPJ deberán hacerse en coordinación con el Ministerio de Exteriores.
REVISIÓN DE GASTOS
La reforma elimina además la autonomía presupuestaria del CGPJ, que por ello deberá estar sometido a la revisión de la Inspección del Estado y del Tribunal de Cuentas y que verá cómo los gastos que le sean aprobados deban ser utilizados en las partidas para las que reciban el visto bueno, sin la posibilidad de apartarse de ellas.
En cuanto a la elección de vocales, los nombra el Parlamento y, de ellos, ocho son propuestos por los partidos políticos y otros doce lo son por la carrera judicial. Respecto a estos segundos, hasta la reforma, las asociaciones de jueces tenían un elevado control en el proceso de nombramiento.
Convertirse en candidato al CGPJ al margen de una asociación profesional de jueces requiere, hoy, el aval de unos cien jueces, mientras que, si la reforma se aprueba en los términos anunciados por Gallardón, serán necesarios solamente veinticinco avales.
Además, Congreso y Senado deberán respetar la proporcionalidad en el número total de propuestas que les lleguen de la carrera judicial, lo que supone que los candidatos independientes estarán en igualdad de condiciones para ser nombrados que los pertenecientes a las asociaciones profesionales de jueces.
Además, la reforma limita el abanico de posibles nombramientos para formar parte del CGPJ: de los doce jueces propuestos por la carrera judicial, tres deberán ser magistrados del Supremo, tres deberán tener más de 25 años de ejercicio judicial, cuatro no tendrán ningún requisito de antigüedad y habrá cuatro más que deberán ser jueces. Asimismo, el presidente, antes de ser nombrado, deberá ser ya magistrado del Tribunal Supremo o jurista eminente con más de 25 años de experiencia.
La reforma propuesta por Gallardón contiene otras novedades, como la transparencia en las votaciones que haga el CGPJ para presidentes de sala o magistrados de altas instancias y la motivación de las mismas.
El ministro declaró: 'He intentado un acuerdo parlamentario para que la ley sea respaldada por el máximo número de grupos y, muy especialmente, por el PSOE' y manifestó su esperanza de que la futura votación de la reforma en el Parlamento reúna una amplia mayoría de consenso.
La reforma prevé que, para la elección de los vocales designados por el Congreso y el Senado a propuesta de la carrera judicial, sea mucho más fácil que hasta ahora la concurrencia de candidatos independientes, es decir, que no pertenezcan a las asociaciones profesionales de jueces. Además, disminuye sensiblemente la potestad reglamentaria del órgano de gobierno de los jueces, en materias como sueldos o vacaciones de los jueces españoles, que pasan al Ministerio de Justicia. Junto a ello, los viajes de los vocales del CGPJ deberán hacerse en coordinación con el Ministerio de Exteriores.
REVISIÓN DE GASTOS
La reforma elimina además la autonomía presupuestaria del CGPJ, que por ello deberá estar sometido a la revisión de la Inspección del Estado y del Tribunal de Cuentas y que verá cómo los gastos que le sean aprobados deban ser utilizados en las partidas para las que reciban el visto bueno, sin la posibilidad de apartarse de ellas.
En cuanto a la elección de vocales, los nombra el Parlamento y, de ellos, ocho son propuestos por los partidos políticos y otros doce lo son por la carrera judicial. Respecto a estos segundos, hasta la reforma, las asociaciones de jueces tenían un elevado control en el proceso de nombramiento.
Convertirse en candidato al CGPJ al margen de una asociación profesional de jueces requiere, hoy, el aval de unos cien jueces, mientras que, si la reforma se aprueba en los términos anunciados por Gallardón, serán necesarios solamente veinticinco avales.
Además, Congreso y Senado deberán respetar la proporcionalidad en el número total de propuestas que les lleguen de la carrera judicial, lo que supone que los candidatos independientes estarán en igualdad de condiciones para ser nombrados que los pertenecientes a las asociaciones profesionales de jueces.
Además, la reforma limita el abanico de posibles nombramientos para formar parte del CGPJ: de los doce jueces propuestos por la carrera judicial, tres deberán ser magistrados del Supremo, tres deberán tener más de 25 años de ejercicio judicial, cuatro no tendrán ningún requisito de antigüedad y habrá cuatro más que deberán ser jueces. Asimismo, el presidente, antes de ser nombrado, deberá ser ya magistrado del Tribunal Supremo o jurista eminente con más de 25 años de experiencia.
La reforma propuesta por Gallardón contiene otras novedades, como la transparencia en las votaciones que haga el CGPJ para presidentes de sala o magistrados de altas instancias y la motivación de las mismas.
