El Gobierno y el PSOE están sondeando los apoyos con los que contarían en el Congreso ante una hipotética petición para prorrogar el estado de alarma, una decisión que el Ejecutivo comunicará en las próximas horas y para la que podrían contar, en principio, con el respaldo de CiU y PNV.
El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que el Gobierno analizará hoy la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, que 'a día de hoy no está descartada', y que en todo caso, será el presidente de Gobierno, quien lo proponga al Consejo de Ministros, aunque 'no es preceptivo', para posteriormente pedir la autorización en las Cortes. Así, se mostró convencido de que en virtud de los cuatro procesos abiertos para depurar responsabilidades habrá controladores que serán despedidos, por 'falta muy grave', al haber abandonado su puesto de trabajo y otros a los que se les retirará la licencia.
'Creo que se van a dar todos los supuestos. Habrá responsabilidad civil y penal', apuntó. 'Los promotores de sabotaje todavía no alcanzaron a ver las consecuencias y daños que por su forma de actuar causaron al país'. En concreto, explicó que existe un proceso penal, que podría suponer penas de entre tres y ocho años de cárcel, y un proceso civil, que buscará la responsabilidad sobre los daños causados.
Tras insistir en que los controladores 'habían sometido al Estado a un estado de excepción', que llevó al Gobierno a adoptar una respuesta 'clara y contundente' y tomar 'decisiones imprescindibles', 'con los instrumentos que permite la ley'. 'Es verdad que la gran mayoría de los controladores quiere trabajar y cumplir con su deber, pero muchas veces se siente coaccionados y obligados por un grupo que les dirige y coordina', señaló
POSTURA DEL PP
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no desveló si los populares apoyarían una prórroga del estado de alarma, sin embargo recalcó que si el Gobierno pide una prórroga debe 'justificar' por qué lo hace, dado que no se puede declarar 'con carácter preventivo'. En su opinión, no puede ser que las situaciones de 'excepción' se conviertan en 'estados ordinarios'. Al ser preguntada si el PP no cree necesaria esa prórroga, indicó que su formación 'no tiene ningún conocimiento' acerca de cuáles han sido 'las acciones' del Gobierno desde el día que se decretó la alarma. Cospedal reiteró para subrayar que el estado de alarma se decreta 'ante una situación de emergencia en casos muy concretos y atados constitucionalmente'. Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, insinuó la posible 'casualidad' que existió en que se haya desmantelado la 'Operación Galgo', el mismo día en el que el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso para explicar los motivos que llevaron al Ejecutivo a decretar el Estado de Alarma. Pons insinuó que cada vez que hay un 'mal momento político o un instante de dificultad aparecen detenciones o redadas que casualmente vienen a despejarle mediáticamente el panorama'. A estas palabras salió al paso el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien mostró su preocupación por que un responsable político pueda 'decir ese disparate'.
'Creo que se van a dar todos los supuestos. Habrá responsabilidad civil y penal', apuntó. 'Los promotores de sabotaje todavía no alcanzaron a ver las consecuencias y daños que por su forma de actuar causaron al país'. En concreto, explicó que existe un proceso penal, que podría suponer penas de entre tres y ocho años de cárcel, y un proceso civil, que buscará la responsabilidad sobre los daños causados.
Tras insistir en que los controladores 'habían sometido al Estado a un estado de excepción', que llevó al Gobierno a adoptar una respuesta 'clara y contundente' y tomar 'decisiones imprescindibles', 'con los instrumentos que permite la ley'. 'Es verdad que la gran mayoría de los controladores quiere trabajar y cumplir con su deber, pero muchas veces se siente coaccionados y obligados por un grupo que les dirige y coordina', señaló
POSTURA DEL PP
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no desveló si los populares apoyarían una prórroga del estado de alarma, sin embargo recalcó que si el Gobierno pide una prórroga debe 'justificar' por qué lo hace, dado que no se puede declarar 'con carácter preventivo'. En su opinión, no puede ser que las situaciones de 'excepción' se conviertan en 'estados ordinarios'. Al ser preguntada si el PP no cree necesaria esa prórroga, indicó que su formación 'no tiene ningún conocimiento' acerca de cuáles han sido 'las acciones' del Gobierno desde el día que se decretó la alarma. Cospedal reiteró para subrayar que el estado de alarma se decreta 'ante una situación de emergencia en casos muy concretos y atados constitucionalmente'. Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, insinuó la posible 'casualidad' que existió en que se haya desmantelado la 'Operación Galgo', el mismo día en el que el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso para explicar los motivos que llevaron al Ejecutivo a decretar el Estado de Alarma. Pons insinuó que cada vez que hay un 'mal momento político o un instante de dificultad aparecen detenciones o redadas que casualmente vienen a despejarle mediáticamente el panorama'. A estas palabras salió al paso el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien mostró su preocupación por que un responsable político pueda 'decir ese disparate'.
