El Gobierno aprobó ayer un decreto urgente que paraliza los desahucios durante los dos próximos años y establece un mandato para crear un 'fondo social de viviendas', una bolsa de viviendas que podrán ser alquiladas a bajo precio a personas que perdieran su casa por no poder pagar la hipoteca.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva normativa es una 'respuesta urgente y paliativa' a la 'dura' situación económica y constituye la primera fase de medidas que se adoptan por 'razones humanitarias' para los colectivos con problemas para pagar su vivienda. La intención del Gobierno es tramitar el Real Decreto-Ley en las Cortes como Proyecto de Ley y abrir así un diálogo con aportaciones 'de todos los grupos, especialmente el PSOE', dijo la vicepresidenta.
En este sentido, a pesar de que durante los últimos tres días Gobierno y PSOE celebraron reuniones para consensuar un texto, la norma aprobada no contó con el respaldo de los socialistas. Según explicó, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, fue imposible lograr un pacto por la falta de compromiso del Ejecutivo con la posterior reforma de la legislación hipotecaria y porque la moratoria que aprobó es 'muy restrictiva' y 'un parche' que defiende los mercados.
COLECTIVOS SOCIALES
El texto contempla la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria para determinados colectivos sociales que cumplan unos requisitos de renta. Podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.
También podrán acogerse parados y que agotaran la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o incapacidad para trabajar.
También, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se produzca una alteración de la situación económica. Por ejemplo cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50% en los últimos cuatro años, o que la cuota supere el 50% de los ingresos netos. En todos los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.
En cuanto al alquiler, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que la bolsa de pisos se nutrirá de los inmuebles de la banca adjudicados por impago, muchos ahora en manos del FROB.
En cuanto a la dación en pago, el ministro recordó que es algo incluido en el Código de Buenas Prácticas de la banca y opinó que no es la solución 'ideal', ya que el propietario pierde su casa e implica contratos hipotecarios más caros. 'Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa', dijo.
En este sentido, a pesar de que durante los últimos tres días Gobierno y PSOE celebraron reuniones para consensuar un texto, la norma aprobada no contó con el respaldo de los socialistas. Según explicó, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, fue imposible lograr un pacto por la falta de compromiso del Ejecutivo con la posterior reforma de la legislación hipotecaria y porque la moratoria que aprobó es 'muy restrictiva' y 'un parche' que defiende los mercados.
COLECTIVOS SOCIALES
El texto contempla la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria para determinados colectivos sociales que cumplan unos requisitos de renta. Podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.
También podrán acogerse parados y que agotaran la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o incapacidad para trabajar.
También, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se produzca una alteración de la situación económica. Por ejemplo cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50% en los últimos cuatro años, o que la cuota supere el 50% de los ingresos netos. En todos los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.
En cuanto al alquiler, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que la bolsa de pisos se nutrirá de los inmuebles de la banca adjudicados por impago, muchos ahora en manos del FROB.
En cuanto a la dación en pago, el ministro recordó que es algo incluido en el Código de Buenas Prácticas de la banca y opinó que no es la solución 'ideal', ya que el propietario pierde su casa e implica contratos hipotecarios más caros. 'Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa', dijo.
