El Gobierno acordó ayer recurrir el euro por receta, que la Comunidad de Madrid está cobrando desde el pasado 2 de enero, una tasa que el PSOE también llevó al Tribunal Constitucional, al considerar, en ambos casos, que la medida vulnera la igualdad de los ciudadanos.
El Ejecutivo acordó, asimismo, solicitar al Consejo de Estado un dictamen, en el plazo de cinco días, que lleva aparejada la petición de suspensión automática de la aplicación del impuesto. No obstante, la Comunidad de Madrid ya anunció, a través de su presidente, Ignacio González, que no devolverá el dinero recaudado mediante el cobro de la tasa aunque la medida se declare inconstitucional.
Tras conocer la decisión del Gobierno, González la calificó de 'muy respetable', pero instó en defender la medida, porque el Ejecutivo regional, dijo, 'actúa dentro de sus competencias'.
Como ya hiciera el pasado mes de diciembre con Cataluña, el Consejo de Ministros aprobó ayer la presentación del recurso, aunque en el caso catalán lo hizo después de agotar un plazo de seis meses de negociación con la Generalitat sin llegar a un acuerdo.
La instauración de la tasa en Cataluña, vigente desde el 23 de junio, fue reprobada por el Consejo de Estado, que en un dictamen de en noviembre de 2012 considera que 'vulnera el orden constitucional', ya que las comunidades autónomas 'no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública'.
Por su parte, el Gobierno entiende que el euro por receta grava un acto médico, vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a la prestación farmacéutica y viola competencias estatales, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
RECURSO DEL PSOE
También el PSOE fundamentó su recurso en que la tasa atenta contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los medicamentos. Para este partido, la medida contraviene el artículo 31 de la Constitución por crear una figura tributaria que no respeta los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Después de varios días de discrepancias entre la dirección del PSOE y su federación madrileña (PSM) sobre quién debía registrar el recurso, ambas partes llegaron al acuerdo que ayer les permitió acudir al TC.
El secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y los portavoces del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias, fueron los encargados de presentar la impugnación ante el Constitucional.
Tras conocer la decisión del Gobierno, González la calificó de 'muy respetable', pero instó en defender la medida, porque el Ejecutivo regional, dijo, 'actúa dentro de sus competencias'.
Como ya hiciera el pasado mes de diciembre con Cataluña, el Consejo de Ministros aprobó ayer la presentación del recurso, aunque en el caso catalán lo hizo después de agotar un plazo de seis meses de negociación con la Generalitat sin llegar a un acuerdo.
La instauración de la tasa en Cataluña, vigente desde el 23 de junio, fue reprobada por el Consejo de Estado, que en un dictamen de en noviembre de 2012 considera que 'vulnera el orden constitucional', ya que las comunidades autónomas 'no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública'.
Por su parte, el Gobierno entiende que el euro por receta grava un acto médico, vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a la prestación farmacéutica y viola competencias estatales, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
RECURSO DEL PSOE
También el PSOE fundamentó su recurso en que la tasa atenta contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los medicamentos. Para este partido, la medida contraviene el artículo 31 de la Constitución por crear una figura tributaria que no respeta los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Después de varios días de discrepancias entre la dirección del PSOE y su federación madrileña (PSM) sobre quién debía registrar el recurso, ambas partes llegaron al acuerdo que ayer les permitió acudir al TC.
El secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y los portavoces del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias, fueron los encargados de presentar la impugnación ante el Constitucional.
