El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, dijo ayer que los padres de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), pueden acogerse a la ley de ayuda a víctimas de delitos violentos para que el Estado les indemnice.
Martínez se refirió a la reclamación que los padres de Cristina presentaron al Consejo de Ministros porque consideran que el Estado no cumple la legislación comunitaria en materia de protección de víctimas de delitos violentos.
La abogada de los padres consideró ayer que las familias de los menores víctimas de delitos en España 'no están protegidas', ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica del Estado y solo da ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la familia.
La abogada de los padres consideró ayer que las familias de los menores víctimas de delitos en España 'no están protegidas', ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica del Estado y solo da ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la familia.
