Los jueces de Ourense han pedido hoy 'por unanimidad' la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, por las decisiones que han tomado en el ámbito de la Justicia y que 'perjudican claramente la independencia judicial'.
El juez decano de Ourense, Antonio Piña, explicó al final de la junta de magistrados que esta medida responde 'a que está tomando decisiones que perjudican claramente la independencia judicial'.
Se suman así a las decisiones tomadas ya en otras juntas de jueces en Galicia.
Con esta medida, transmiten su 'oposición frontal' a los proyectos de ley orgánica del poder judicial promovidos desde el Ministerio de Justicia y a la modificación parcial de la propia ley orgánica en materia de sustituciones, cuya reforma 'afecta de forma directa a la independencia de los magistrados' además de pretender 'una mayor politización del Consejo'.
Esto ocurriría al 'dejar al Consejo con un presidente y 20 miembros que solo acudirán a los plenos sin dedicación exclusiva, lo que significa dejar el Consejo en manos de ese presidente que va a ser designado políticamente', explicó Piña.
En la reunión de esta mañana también acordaron establecer 'una adecuación de los señalamientos de acuerdo a un régimen de calidad, para tratar los asuntos con la adecuada calma', lo que 'no significa que se vaya a trabajar menos', precisó Piña, sino dejar 'el criterio productivista de sacar papel y dedicar la atención necesaria' a cada procedimiento.
Otros acuerdos se refieren a la dedicación de una semana al mes, a partir de noviembre, a la agilización de los procesos.
Además, habrá una nueva junta en octubre para replantear las negociaciones y, si no prosperan, convocarán una 'huelga indefinida en enero'.
La situación actual de la carrera judicial y fiscal está recogida en un comunicado presentado a las juntas de jueces y fiscales por la mayoría de asociaciones profesionales, en el que reclaman la 'modernización del sistema judicial español, para impulsar una justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios materiales y humanos necesarios'.
Destacan la ausencia de inversión en el ámbito judicial, la congelación de plazas y los recortes salariales y estatutarios y el control político de los órganos de gobierno del poder judicial.
Por ello reclaman 'respeto a la independencia', el mantenimiento de un estatuto profesional que contemple la 'singularidad de nuestras funciones', medidas legislativas para mitigar el colapso judicial y la convocatoria de oposiciones para cubrir plazas de juez y fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos.
'Hemos sobrellevado la sobrecarga de trabajo de manera voluntaria, pero cada vez se pretende que seamos menos independientes', concluyó el juez decano de Ourense, quien descartó 'cualquier intencionalidad electoral' respecto a las fechas de estas juntas y sus decisiones.
Se suman así a las decisiones tomadas ya en otras juntas de jueces en Galicia.
Con esta medida, transmiten su 'oposición frontal' a los proyectos de ley orgánica del poder judicial promovidos desde el Ministerio de Justicia y a la modificación parcial de la propia ley orgánica en materia de sustituciones, cuya reforma 'afecta de forma directa a la independencia de los magistrados' además de pretender 'una mayor politización del Consejo'.
Esto ocurriría al 'dejar al Consejo con un presidente y 20 miembros que solo acudirán a los plenos sin dedicación exclusiva, lo que significa dejar el Consejo en manos de ese presidente que va a ser designado políticamente', explicó Piña.
En la reunión de esta mañana también acordaron establecer 'una adecuación de los señalamientos de acuerdo a un régimen de calidad, para tratar los asuntos con la adecuada calma', lo que 'no significa que se vaya a trabajar menos', precisó Piña, sino dejar 'el criterio productivista de sacar papel y dedicar la atención necesaria' a cada procedimiento.
Otros acuerdos se refieren a la dedicación de una semana al mes, a partir de noviembre, a la agilización de los procesos.
Además, habrá una nueva junta en octubre para replantear las negociaciones y, si no prosperan, convocarán una 'huelga indefinida en enero'.
La situación actual de la carrera judicial y fiscal está recogida en un comunicado presentado a las juntas de jueces y fiscales por la mayoría de asociaciones profesionales, en el que reclaman la 'modernización del sistema judicial español, para impulsar una justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios materiales y humanos necesarios'.
Destacan la ausencia de inversión en el ámbito judicial, la congelación de plazas y los recortes salariales y estatutarios y el control político de los órganos de gobierno del poder judicial.
Por ello reclaman 'respeto a la independencia', el mantenimiento de un estatuto profesional que contemple la 'singularidad de nuestras funciones', medidas legislativas para mitigar el colapso judicial y la convocatoria de oposiciones para cubrir plazas de juez y fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos.
'Hemos sobrellevado la sobrecarga de trabajo de manera voluntaria, pero cada vez se pretende que seamos menos independientes', concluyó el juez decano de Ourense, quien descartó 'cualquier intencionalidad electoral' respecto a las fechas de estas juntas y sus decisiones.
