El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado provisionalmente la investigación al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas como personas jurídicas, por la contratación del excomisario José Villarejo.
En un auto conocido este jueves, el magistrado descarta que Brufau y Fainé participaran en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al policía, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex, y los exonera ante la falta de indicios y a fin de evitar posibles daños reputacionales a ambas compañías.
Tanto ellos como las cotizadas fueron imputados en la pieza separada del caso Villarejo sobre el denominado "proyecto Wine", desarrollado entre 2011 y 2012, el cual gira en torno a los trabajos encargados a Cenyt para investigar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) de cara a hacerse con el control de Repsol.
Tras escuchar las versiones de los implicados, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 entiende que hubo delito previo, pero que las pesquisas practicadas hasta la fecha confirman la ausencia de pruebas que impliquen a Fainé y Brufau como posibles "autores, cómplices o encubridores" en estos hechos.
LOS PRESIDENTES NO TIENEN OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA
El juez da así por válidos los alegatos de las defensas y asegura que, de toda la documentación aportada por ambas compañías, "no se desprende que éstos tengan una obligación de supervisión y vigilancia".
De hecho, es más bien "al contrario", ya que se trata de aspectos delegados "en los órganos competentes para ello".
El magistrado recuerda que la contratación de Cenyt "no recaía en el ámbito de control" de los presidentes de las compañías, "sino en el de sus directores de seguridad", Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank) y Rafael Araujo (Repsol), que continúan investigados.
Por tanto, "sin indicios" de que Fainé y Brufau "interviniesen de manera directa en los hechos, no es posible transferir a los presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello".
En este sentido, el juez cree que "no se debe perder de vista la situación a la que se somete a una empresa cuando no solo se le imputa responsabilidad a la persona jurídica, sino también a la figura de su presidente, máximo representante de la compañía interna y externamente".
El sobreseimiento, apunta, "redunda en que los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas" y "deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría" mantener una línea de investigación insustancial.
De ahí que no sea una decisión "prematura, ya que no quedan diligencias necesarias o útiles que practicar" sobre la participación de Brufau y Fainé.
