El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma ha ejecutado el embargo de la principal vivienda que el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, posee en la capital balear, popularmente conocida como 'palacete', así como del inmueble que tiene en La Rambla y de un local ubicado en la calle Sant Miquel, a fin de que pueda responder al préstamo de tres millones de euros que le concedió el Banco de Valencia y otra cantidad que rondaría el millón de euros por los intereses y gastos procesales generados.
El juez ha despachado este procedimiento después de que la entidad bancaria presentase la semana pasada una demanda de ejecución hipoptecaria por la que reclama al ex jefe del Ejecutivo autonómico tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el ex dirigente del PP pudiera hacer frente a la fianza que le fue impuesta, por la misma cantidad, en el marco del caso Palma Arena y cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva.
Sin embargo, no es ésta la única cantidad exigida por el Banco de Valencia como liquidación del préstamo ya que los intereses y gastos derivados del crédito se elevarían en estos momentos hasta alrededor de un millón de euros al que el ex presidente 'popular' deberá hacer frente, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, el procedimiento va dirigido asimismo contra la mujer de Matas, Maite Areal -también imputada en el caso Palma Arena-, por ser copropietaria del 'palacete', de estilo manierista y ubicado en la céntrica calle Sant Felio, así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.
Precisamente, durante la declaración que prestó en marzo de 2010 ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, Matas manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el 'palacete'. De esta forma es como negó que rehabilitase esta vivienda con fondos públicos presuntamente desviados durante la construcción del velódromo Palma Arena.
SUS BIENES SALDRÁN A SUBASTA SI NO ATIENDE A LA RECLAMACIÓN
En caso de que el principal imputado de la causa no atienda a los requerimientos del banco, sus bienes patrimoniales saldrían a subasta para que cualquier ciudadano pueda pugnar por ellos, y si se da la circunstancia de que no se alcance el precio mínimo exigido, la entidad bancaria se quedaría los inmuebles en propiedad y podría ponerlos a la venta.
Cabe recordar que el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros tras declarar durante dos días en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente. Es por ello que los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007).
La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de su 'palacete', por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto 'una dádiva o regalo en especie'.
En el marco de estas investigaciones, conocidas en su día como Operación Buckingham, efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el 'palacete' y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Tras ser archivadas las pesquisas bajo las instrucciones del el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el juez Castro decidió incorporar las investigaciones sobre el patrimonio de Matas al caso Palma Arena.
