La juez que investiga los ERE irregulares imputó ayer a Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, cuatro delitos continuados por la concesión de ayudas ilegales por importe de más de 154 millones de euros. La primera parte de la comparecencia de Márquez ante la juez Mercedes Alaya estuvo dedicada a la enumeración de los cuatro delitos continuados que le imputa: prevaricación omisiva y activa, falsedad en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y malversación de fondos públicos.
En total se trata de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas que Márquez otorgó a sabiendas de dos informes de los bufetes Garrigues y Price Waterhouse sobre la ilegalidad del procedimiento y su concesión sin fiscalización ni control de la UE. El imputado 'mantuvo el procedimiento pese a saber que era ilegal' y permitió un 'uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE', señaló Alaya.
