La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), comunicó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.
El propio Antonio Fernández informó de que la juez le remitió un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su 'presunta participación' en los hechos investigados. Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según el ex consejero, la juez le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad 'de imputado'.
'POCO CREÍBLE'
El ex consejero de Empleo de la Junta aclaró que la juez no le convocó a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, señaló su 'tranquilidad' ante esta decisión de la juez. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como 'fondo de reptiles' estos 647.869.157,45 euros, es 'poco creíble'.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se saldó hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y ocupó escaño en el Parlamento andaluz como diputado por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.
En este burofax, según el ex consejero, la juez le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad 'de imputado'.
'POCO CREÍBLE'
El ex consejero de Empleo de la Junta aclaró que la juez no le convocó a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, señaló su 'tranquilidad' ante esta decisión de la juez. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como 'fondo de reptiles' estos 647.869.157,45 euros, es 'poco creíble'.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se saldó hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y ocupó escaño en el Parlamento andaluz como diputado por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.
