El del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, ha imputado por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos al alcalde del municipio tinerfeño de Arona, José Alberto González Reverón (CC), quien ya estaba acusado prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio en el marco del denominado 'caso Arona'.
Según informó en un comunicado, el juez decidió el martes mantener los cargos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho al arquitecto municipal Eliseo de la Rosa y el aparejador Roberto de Luis.
Asismismo, mantiene la misma situación procesal para Arsenio Zamora y Zenón Rodríguez, imputados por tráfico de influencias y cohecho. El consejero del Cabildo de Tenerife Felix Sierra (PP) está citado a declarar hoy a las 10.00 horas por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el marco de la causa sobre las posibles irregularidades acaecidas en Arona por políticos locales y empresarios.
Los presuntos delitos de los que han sido acusados, principalmente, los cargos públicos han sido sobre todo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias entre los años 2003 y 2007.
El pasado mes de julio se conocían los primeros datos del sumario que hasta ese momento se encontraba bajo secreto y fue en esa fecha cuando el juez decano de Arona decidió instar a declarar a los imputados a partir de septiembre con el fin de evitar 'indefensión'. Unos 20.000 folios han permitido el desarrollo de una investigación sobre la actuación de cargos públicos, empresarios y funcionarios en relación a la gestión urbanística.
Asismismo, mantiene la misma situación procesal para Arsenio Zamora y Zenón Rodríguez, imputados por tráfico de influencias y cohecho. El consejero del Cabildo de Tenerife Felix Sierra (PP) está citado a declarar hoy a las 10.00 horas por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el marco de la causa sobre las posibles irregularidades acaecidas en Arona por políticos locales y empresarios.
Los presuntos delitos de los que han sido acusados, principalmente, los cargos públicos han sido sobre todo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias entre los años 2003 y 2007.
El pasado mes de julio se conocían los primeros datos del sumario que hasta ese momento se encontraba bajo secreto y fue en esa fecha cuando el juez decano de Arona decidió instar a declarar a los imputados a partir de septiembre con el fin de evitar 'indefensión'. Unos 20.000 folios han permitido el desarrollo de una investigación sobre la actuación de cargos públicos, empresarios y funcionarios en relación a la gestión urbanística.
