El Juzgado de Instrucción número 38 ha ordenado este viernes el desalojo de los representantes sindicales que se encuentran encerrados desde el pasado martes en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid con el fin de negociar la regulación de la lista de interinos.
En el auto, al que ha tenido acceso, el juez toma esta decisión ante la solicitud de los representantes de la Comunidad de Madrid, que es la 'titular del uso y gestión del inmueble' donde están encerradas estas personas, en la calle Santa Hortensia, número 30, destinado al servicio público.
Una vez visto el informe 'favorable' del Ministerio Fiscal 'se acuerdo el desalojo del mismo' a cuyo fin se ordena a la Policía la práctica de las diligencias necesarias para llevarlo a cabo. En todo caso, se pide que se intente que el 'previo e inmediato' desalojo sea voluntario y en caso de que no sea así, se pide que se utilice 'la fuerza mínima imprescindible' para ello.
Según el juez de guardia, los argumentos para el desalojo se centran en que se desprende 'indiciariamente' la posible comisión de un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal que reza que 'existirá una pena para el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o se mantuviese en ellos contra la voluntad de su titular'.
También se podría estar, según el juez, ante un 'eventual delito o falta de coacciones en el sentido de impedir al legítimo titular del uso y gestión de un inmueble' o ante un delito de 'allanamiento de morada en la modalidad de entrar o mantenerse contra la voluntad del titular en el domicilio de una persona jurídica pública'.
Una vez visto el informe 'favorable' del Ministerio Fiscal 'se acuerdo el desalojo del mismo' a cuyo fin se ordena a la Policía la práctica de las diligencias necesarias para llevarlo a cabo. En todo caso, se pide que se intente que el 'previo e inmediato' desalojo sea voluntario y en caso de que no sea así, se pide que se utilice 'la fuerza mínima imprescindible' para ello.
Según el juez de guardia, los argumentos para el desalojo se centran en que se desprende 'indiciariamente' la posible comisión de un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal que reza que 'existirá una pena para el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o se mantuviese en ellos contra la voluntad de su titular'.
También se podría estar, según el juez, ante un 'eventual delito o falta de coacciones en el sentido de impedir al legítimo titular del uso y gestión de un inmueble' o ante un delito de 'allanamiento de morada en la modalidad de entrar o mantenerse contra la voluntad del titular en el domicilio de una persona jurídica pública'.
