El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, el ex Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Vitoria, José María Ballesteros impidieron a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, no sólo que se produjera la detención de miembros de la banda terrorista ETA sino que permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión.
En el auto en el que el magistrado procesa a los tres mandos policiales por delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos, el juez destaca la 'eficacia' que la revelación de datos sobre la operación contra el aparato de extorsión supuso 'para la propia actividad terrorista'.
García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros 'estaban asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas' a través de una acción que podría encajar con la comisión de una delito de colaboración con organización terrorista.
El magistrado refleja en su auto, no obstante, su opinión de que el objetivo concreto de los tres procesados no era 'seguramente' el de ayudar a la banda pudiendo ser 'otro el móvil o la intención que guió su conducta' dados los cargos que ostentaban.
En este sentido, el juez alude a la advertencia que en la llamada en la que se produjo la delación se realizó a 'la actual situación política ', en referencia a la existencia de la tregua decretada por ETA en 2006 y recuerda que en la conversación se aludía 'al interés de determinada gente en que 'se rompiera' o 'no prosperara''
Ruz acusa también a los tres de favorecer de forma 'real' a los responsables de la red de financiación o extorsión de ETA ya que la organización terrorista 'se aprovechó del producto económico procedente de una extorsión'.El juez relaciona, además, el delito de revelación de secretos con la conducta de los tres procesados que 'revelaron a través de una llamada telefónica a una persona investigada por presunta pertenencia o colaboración con ETA detalles que en ese momento se encontraban protegidos y bajo confidencialidad'.
REACCIÓN DEL PP
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que, tras el procesamiento de quien fuera director de la Policía por el 'chivatazo' a ETA en 2006, Alfredo Pérez Rubalcaba está 'inhabilitado' e 'incapacitado' para pedir la confianza de los electores, por lo que aconseja al PSOE replantearse su candidatura.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, al PP de 'precipitarse' pidiendo explicaciones y declarando 'inhabilitado' al candidato del PSOE en las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, basándose en el auto de procesamiento sobre el supuesto chivatazo a ETA en 2006, un documento en el que, según ha subrayado, 'ni siquiera se menciona' al ex ministro del Interior, y en el que además, se 'exculpa totalmente' a su sucesor al frente de esa cartera, Antonio Camacho.
El PNV pidió al magistrado Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, un 'rápido esclarecimiento' del 'caso Faisán, para evitar que los dos partidos mayoritarios 'continúen utilizando el terrorismo como arma arrojadiza'.
Asimismo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera una 'vergüenza' el procesamiento de Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros en el 'caso chivatazo', insiste en que se trata de un 'proceso injusto' en el que 'se han vulnerado derechos fundamentales' y pide que se investigue la participación de Carlos Germán, principal investigador del caso.
García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros 'estaban asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas' a través de una acción que podría encajar con la comisión de una delito de colaboración con organización terrorista.
El magistrado refleja en su auto, no obstante, su opinión de que el objetivo concreto de los tres procesados no era 'seguramente' el de ayudar a la banda pudiendo ser 'otro el móvil o la intención que guió su conducta' dados los cargos que ostentaban.
En este sentido, el juez alude a la advertencia que en la llamada en la que se produjo la delación se realizó a 'la actual situación política ', en referencia a la existencia de la tregua decretada por ETA en 2006 y recuerda que en la conversación se aludía 'al interés de determinada gente en que 'se rompiera' o 'no prosperara''
Ruz acusa también a los tres de favorecer de forma 'real' a los responsables de la red de financiación o extorsión de ETA ya que la organización terrorista 'se aprovechó del producto económico procedente de una extorsión'.El juez relaciona, además, el delito de revelación de secretos con la conducta de los tres procesados que 'revelaron a través de una llamada telefónica a una persona investigada por presunta pertenencia o colaboración con ETA detalles que en ese momento se encontraban protegidos y bajo confidencialidad'.
REACCIÓN DEL PP
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que, tras el procesamiento de quien fuera director de la Policía por el 'chivatazo' a ETA en 2006, Alfredo Pérez Rubalcaba está 'inhabilitado' e 'incapacitado' para pedir la confianza de los electores, por lo que aconseja al PSOE replantearse su candidatura.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, al PP de 'precipitarse' pidiendo explicaciones y declarando 'inhabilitado' al candidato del PSOE en las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, basándose en el auto de procesamiento sobre el supuesto chivatazo a ETA en 2006, un documento en el que, según ha subrayado, 'ni siquiera se menciona' al ex ministro del Interior, y en el que además, se 'exculpa totalmente' a su sucesor al frente de esa cartera, Antonio Camacho.
El PNV pidió al magistrado Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, un 'rápido esclarecimiento' del 'caso Faisán, para evitar que los dos partidos mayoritarios 'continúen utilizando el terrorismo como arma arrojadiza'.
Asimismo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera una 'vergüenza' el procesamiento de Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros en el 'caso chivatazo', insiste en que se trata de un 'proceso injusto' en el que 'se han vulnerado derechos fundamentales' y pide que se investigue la participación de Carlos Germán, principal investigador del caso.
