El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer no remitir las actas de sus reuniones de los últimos años. Estos documentos se los reclamó en un auto la juez, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta. Pero el gobierno andaluz cree que entregar esos documentos 'vulnera' la privacidad de los acuerdos.
La encargada de anunciar que la Junta de Andalucía no obedecerá a la juez del caso ERE fue la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. En contrapartida, ofreció a la magistrada Mercedes Alaya 'vías alternativas' para conocer 'idéntica información' a la demandada a través de la 'certificación de acuerdos o informes concretos' adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas.
