La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España contravienen la norma europea de protección al consumidor abrió la puerta a que los jueces intervengan en el procedimiento y puedan parar los desahucios en determinadas circunstancias.
Aunque se esperaba un fallo de la corte de Luxemburgo en este sentido, la confirmación oficial irrumpió de lleno en el debate sobre la reforma de algunos aspectos de la legislación hipotecaria española y el alcance de la misma, una tarea que ya comenzó el Gobierno y el Parlamento.
La legislación nacional vigente impide a un juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución que se inició por otra vía. Si finalmente el juez declara nula alguna cláusula de un contrato por considerarla abusiva, su decisión solo protege al consumidor a posteriori, mediante una indemnización, cuando ya perdió su vivienda. Para la justicia europea este procedimiento menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores, mientras que la indemnización que se pudiera recibir es 'incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas'.
Sobre los efectos que este fallo tendrá en los procesos de desahucios que ya fueron ejecutados, los expertos señalan que 'tendrá efectos muy reducidos' ya que aunque el afectado pueda obtener una sentencia favorable a raíz del fallo europeo, ésta sería 'declarativa', es decir, sólo podría lograr una indemnización, ya que 'una ejecución hipotecaria ya hecha no hay manera de revertirla y no se podrá recuperar la casa'.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
Tras el fallo europeo, España tiene que modificar algunos aspectos de su legislación, una tarea ya iniciada a través de los proyectos de ley sobre protección a deudores hipotecarios y de paralización de desahucios y que el PP decidió parar a la espera de esta sentencia.
Según el parlamentario del PP, Alfonso Alonso, el fallo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria en su conjunto y para adaptar la legislación nacional a lo estipulado por Bruselas se van a utilizar los proyectos en marcha.
Las enmiendas que se presentaron hasta ahora modifican diversas leyes, entre ellas la de Enjuiciamiento Criminal, una norma que según el juez que elevó el caso al Tribunal de la UE, José María Fernández Seijo, será necesario modificar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizó que el Gobierno modificará la legislación para adaptarla a la ley europea.
Asimismo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, explicó que 'la resolución del Tribunal europeo entendió que cuando un juez estime que en una ejecución hipotecaria se aprecia la existencia de cláusulas abusivas podrá tomar medidas cautelares y suspender la ejecución hasta que se emita la resolución definitiva' y que es 'inmediatamente aplicable'.
La legislación nacional vigente impide a un juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución que se inició por otra vía. Si finalmente el juez declara nula alguna cláusula de un contrato por considerarla abusiva, su decisión solo protege al consumidor a posteriori, mediante una indemnización, cuando ya perdió su vivienda. Para la justicia europea este procedimiento menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores, mientras que la indemnización que se pudiera recibir es 'incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas'.
Sobre los efectos que este fallo tendrá en los procesos de desahucios que ya fueron ejecutados, los expertos señalan que 'tendrá efectos muy reducidos' ya que aunque el afectado pueda obtener una sentencia favorable a raíz del fallo europeo, ésta sería 'declarativa', es decir, sólo podría lograr una indemnización, ya que 'una ejecución hipotecaria ya hecha no hay manera de revertirla y no se podrá recuperar la casa'.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
Tras el fallo europeo, España tiene que modificar algunos aspectos de su legislación, una tarea ya iniciada a través de los proyectos de ley sobre protección a deudores hipotecarios y de paralización de desahucios y que el PP decidió parar a la espera de esta sentencia.
Según el parlamentario del PP, Alfonso Alonso, el fallo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria en su conjunto y para adaptar la legislación nacional a lo estipulado por Bruselas se van a utilizar los proyectos en marcha.
Las enmiendas que se presentaron hasta ahora modifican diversas leyes, entre ellas la de Enjuiciamiento Criminal, una norma que según el juez que elevó el caso al Tribunal de la UE, José María Fernández Seijo, será necesario modificar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizó que el Gobierno modificará la legislación para adaptarla a la ley europea.
Asimismo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, explicó que 'la resolución del Tribunal europeo entendió que cuando un juez estime que en una ejecución hipotecaria se aprecia la existencia de cláusulas abusivas podrá tomar medidas cautelares y suspender la ejecución hasta que se emita la resolución definitiva' y que es 'inmediatamente aplicable'.
