El Gobierno está preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal. Francisco Caamaño defendió el proyecto, aunque reconoció que es 'sólo un borrador', porque recogerá garantías constitucionales que la actual norma no recoge, y sí lo hacen los tribunales Constitucional y Supremo. En cambio, al PP no le gustó el proyecto, porque no garantizará la independencia en las investigaciones.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reconoció ayer la existencia de un borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla, entre otras medidas, que la Fiscalía pase a encargarse de dirigir la investigación penal. El objetivo del Ejecutivo no será aprobar la nueva norma antes de agotar la legislatura, sino que 'sea un consenso en el Congreso de las fuerzas políticas'.
'Se trata de un borrador, aún queda mucho trabajo que hacer', expuso el ministro de Justicia, y añadió: 'Con la reforma, queremos copiar pautas que las democracias avanzadas, especialmente las de la Unión Europea, siguen en los procesos penales', y que la ley es necesaria, explicó, porque la actual 'no contempla muchas de las garantías constitucionales, que el Tribunal Constitucional y el Supremo sí contemplan'.
'Se trata de un borrador, aún queda mucho trabajo que hacer', expuso el ministro de Justicia, y añadió: 'Con la reforma, queremos copiar pautas que las democracias avanzadas, especialmente las de la Unión Europea, siguen en los procesos penales', y que la ley es necesaria, explicó, porque la actual 'no contempla muchas de las garantías constitucionales, que el Tribunal Constitucional y el Supremo sí contemplan'.
