El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que el Gobierno 'en ningún momento' se planteó la hipótesis de legalizar en España la gestación subrogada y defendió que está 'garantizada' la seguridad jurídica de los menores con la nueva instrucción que permite inscribir en el Registro Civil a los niños concebidos mediante la práctica conocida como 'vientre de alquiler'.
Caamaño desvincula la nueva vía abierta por su ministerio para inscribir a los hijos de vientres de alquiler de una hipotética legalización en España de esta práctica, ya que, según puntualiza, son 'temas completamente distintos'. 'No hemos pensado en ningún momento en modificar la ley que ahora existe', zanjó.
Respecto a la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia que dará cobertura legal en España a los niños nacidos mediante un vientre de alquiler en el extranjero, el ministro criticó que el PP haya 'mezclado deliberadamente' esta vía con una teórica legalización de la gestación por sustitución, que en España no está reglamentada, pero sí en algunos estados de EE.UU., en India, Rusia, Ucrania, Reino Unido o en Grecia.
Caamaño defendió que 'se ha pensado en el interés del menor' porque 'esos hijos de españoles tendrán que poder ser inscritos en España' y ha apuntado que con la instrucción se sigue 'la doctrina del Supremo en esta materia'.
PAPEL DE LOS CONSULADOS
Así, precisa que se estipularon 'garantías' de que todos los consulados y oficinas de registro van a ser 'muy exigentes' para preservar que no existe 'una documentación pantalla que oculte tras de sí un tráfico de niños' y que existe 'un consentimiento de la propia mujer que ha decidido alquilar su vientre'.
Entre las garantías del proceso, el ministro ha citado que los padres deberán presentar una resolución judicial del país donde es legal el contrato de gestación sustitutiva que reconozca el vínculo con el niño y que la madre ha dado su consentimiento expreso. Además, esa resolución judicial extranjera deberá ser validada por el sistema judicial español, que 'verifica que se han cumplido todos los requisitos' y que se preservan 'todas las garantías'.
'Hemos pensado sólo en el interés del menor, pero también en garantizar que no va a haber tráfico de niños. La mayor garantía en los estados democráticos siempre es la judicial', ha concluido.
Por otra parte, preguntado sobre la protesta de una veintena de personas que reclamaron ante el Ministerio de Justicia que se investiguen supuestas irregularidades en los consulados en la autorización de matrimonios de personas de distinta nacionalidad, Caamaño dijo que los registros consulares dependen del Ministerio de Exteriores y que así se lo han trasladado a los manifestantes.
Respecto a la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia que dará cobertura legal en España a los niños nacidos mediante un vientre de alquiler en el extranjero, el ministro criticó que el PP haya 'mezclado deliberadamente' esta vía con una teórica legalización de la gestación por sustitución, que en España no está reglamentada, pero sí en algunos estados de EE.UU., en India, Rusia, Ucrania, Reino Unido o en Grecia.
Caamaño defendió que 'se ha pensado en el interés del menor' porque 'esos hijos de españoles tendrán que poder ser inscritos en España' y ha apuntado que con la instrucción se sigue 'la doctrina del Supremo en esta materia'.
PAPEL DE LOS CONSULADOS
Así, precisa que se estipularon 'garantías' de que todos los consulados y oficinas de registro van a ser 'muy exigentes' para preservar que no existe 'una documentación pantalla que oculte tras de sí un tráfico de niños' y que existe 'un consentimiento de la propia mujer que ha decidido alquilar su vientre'.
Entre las garantías del proceso, el ministro ha citado que los padres deberán presentar una resolución judicial del país donde es legal el contrato de gestación sustitutiva que reconozca el vínculo con el niño y que la madre ha dado su consentimiento expreso. Además, esa resolución judicial extranjera deberá ser validada por el sistema judicial español, que 'verifica que se han cumplido todos los requisitos' y que se preservan 'todas las garantías'.
'Hemos pensado sólo en el interés del menor, pero también en garantizar que no va a haber tráfico de niños. La mayor garantía en los estados democráticos siempre es la judicial', ha concluido.
Por otra parte, preguntado sobre la protesta de una veintena de personas que reclamaron ante el Ministerio de Justicia que se investiguen supuestas irregularidades en los consulados en la autorización de matrimonios de personas de distinta nacionalidad, Caamaño dijo que los registros consulares dependen del Ministerio de Exteriores y que así se lo han trasladado a los manifestantes.
