El anuncio del endurecimiento del castigo penal del vandalismo callejero no dejó indiferente a nadie, y mientras unos lo ven necesario para atajar episodios violentos como los que vivió Barcelona en la última huelga general, otros creen que su objetivo es acallar la protesta social contra los ajustes.
A falta de precisar los detalles, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sí explicó que trabaja con el Ministerio de Justicia en una modificación del Código Penal que equipare las penas para quienes participen en actos de 'guerrilla urbana' a las que recibe el terrorismo callejero o 'kale borroka'. Su anuncio disparó la discusión sobre dónde está el límite del castigo penal, aunque los juristas y expertos en Derecho Penal y Constitucional consultados coinciden en que cualquier reforma del Código Penal debe abordarse con cautela, conforme a la Constitución y sin poner en peligro derechos fundamentales.
CLAVES DE LA REFORMA
La idea con la que trabajan Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años las conductas consideradas como vandalismo callejero, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla. El Gobierno dice que no pretende limitar los derechos de reunión y manifestación, sino que se ejerzan de forma pacífica.
Los recelos están en quienes defienden que en el actual Código Penal ya son delito las actitudes violentas en una manifestación y advierten del abuso del Derecho Penal, cuando debe ser la última opción y se puede optar por medidas educativas o sanciones menos limitativas de derechos.
Quemar papeleras, agredir a un policía o provocar daños en la vía pública ya es delito, dijo el abogado Carlos García-Castaño, presidente de la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que teme que se quiera tipificar penalmente lo que aún no lo está y que se llegue a convertir en delito que alguien 'se siente en el suelo'. 'Que la resistencia pasiva pase a ser delito es exigir a la gente que se aborregue, que no proteste porque puede ir a la cárcel', dijo García-Castaño, que coincide con el abogado Manuel Ollé en que un abuso 'indeseado' del Derecho Penal podría vulnerar principios básicos de la democracia. 'No se trata de castigar, sino de educar y fomentar los valores y el respeto a los derechos fundamentales', añadió Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Según Interior, se considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio, de actos que alteren el orden público. Así, se perseguirá a quienes se concierten para provocar incidentes callejeros violentos o ataques contra las fuerzas de seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.
CLAVES DE LA REFORMA
La idea con la que trabajan Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años las conductas consideradas como vandalismo callejero, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla. El Gobierno dice que no pretende limitar los derechos de reunión y manifestación, sino que se ejerzan de forma pacífica.
Los recelos están en quienes defienden que en el actual Código Penal ya son delito las actitudes violentas en una manifestación y advierten del abuso del Derecho Penal, cuando debe ser la última opción y se puede optar por medidas educativas o sanciones menos limitativas de derechos.
Quemar papeleras, agredir a un policía o provocar daños en la vía pública ya es delito, dijo el abogado Carlos García-Castaño, presidente de la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que teme que se quiera tipificar penalmente lo que aún no lo está y que se llegue a convertir en delito que alguien 'se siente en el suelo'. 'Que la resistencia pasiva pase a ser delito es exigir a la gente que se aborregue, que no proteste porque puede ir a la cárcel', dijo García-Castaño, que coincide con el abogado Manuel Ollé en que un abuso 'indeseado' del Derecho Penal podría vulnerar principios básicos de la democracia. 'No se trata de castigar, sino de educar y fomentar los valores y el respeto a los derechos fundamentales', añadió Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Según Interior, se considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio, de actos que alteren el orden público. Así, se perseguirá a quienes se concierten para provocar incidentes callejeros violentos o ataques contra las fuerzas de seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.
