El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó las enmiendas introducidas por el Senado a la Ley del Juego, que regula por primera vez en España el negocio de las apuestas 'on line', y aprobó definitivamente la nueva normativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. La normativa deberá ser publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de febrero y siguió en las Cortes el trámite de urgencia, crea un nuevo régimen fiscal para las apuestas 'on line' y establece un sistema de licencias para los operadores que quieran operar en España, así como una serie de garantías para proteger a los menores y a las personas que sufren ludopatía.
Por otro lado, el pleno parlamentario de ayer también dio luz verde de forma definitiva al proyecto de Ley la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con el apoyo de todos los grupos, salvo IU-ICV y UPyD a las 45 enmiendas procedentes del Senado, y tras más de dos años de tramitación parlamentaria. Según fuentes del departamento de Ciencia, el coste de la aplicación de esta normativa será de cerca de 40 millones de euros, de los que diez estarán destinados a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y otros 30 a los nuevos contratos de investigadores.
El Pleno de la Cámara Baja también aprobó el proyecto de Ley de Arbitraje, que tiene el objetivo de reducir el tiempo de resolución de conflictos y la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles, tras incorporar por unanimidad las enmiendas del Senado. La nueva normativa otorga mayor conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes.
Por otro lado, el pleno parlamentario de ayer también dio luz verde de forma definitiva al proyecto de Ley la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con el apoyo de todos los grupos, salvo IU-ICV y UPyD a las 45 enmiendas procedentes del Senado, y tras más de dos años de tramitación parlamentaria. Según fuentes del departamento de Ciencia, el coste de la aplicación de esta normativa será de cerca de 40 millones de euros, de los que diez estarán destinados a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y otros 30 a los nuevos contratos de investigadores.
El Pleno de la Cámara Baja también aprobó el proyecto de Ley de Arbitraje, que tiene el objetivo de reducir el tiempo de resolución de conflictos y la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles, tras incorporar por unanimidad las enmiendas del Senado. La nueva normativa otorga mayor conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes.
