La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, citó nuevamente a declarar como imputada el próximo día 7 de noviembre a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, quien ya compareció ante la magistrada el pasado 8 de octubre por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La magistrada afirma en su auto que el pasado 8 de octubre ya leyó 'detenidamente' a la exconsejera su imputación, basada en 'su ilícita intervención en los hechos y los pasos que dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales' por la Consejería de Empleo, primero 'a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos'.
Tras reproducir literalmente toda la imputación, la magistrada se refiere también a la 'inquietud' de la Audiencia, que 'entiende que al referir la instrucción o los autos que en ella se dictan a que las leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento pudieran constituir un instrumento del fraude al erario público andaluz, no sólo nos estaríamos refiriendo en hipótesis criminal a la ilicitud penal del gobierno autonómico, sino también a la del propio Parlamento'.
La juez también alude a la posible participación de aforados en los hechos, en respuesta al auto de la Audiencia Provincial de Sevilla donde este tribunal le advertía de que 'podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento'.
Por último Alaya añade que 'no existe, con la provisionalidad que cualquier afirmación en esta causa puede tener, ninguna ausencia destacable', La juez explica que su resolución fue condicionada 'en buena medida' por el auto que el pasado mes de agosto dictó la Sección Séptima, 'con independencia del acierto o desacierto de su contenido, que esta instructora asume por completo'.
Tras reproducir literalmente toda la imputación, la magistrada se refiere también a la 'inquietud' de la Audiencia, que 'entiende que al referir la instrucción o los autos que en ella se dictan a que las leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento pudieran constituir un instrumento del fraude al erario público andaluz, no sólo nos estaríamos refiriendo en hipótesis criminal a la ilicitud penal del gobierno autonómico, sino también a la del propio Parlamento'.
La juez también alude a la posible participación de aforados en los hechos, en respuesta al auto de la Audiencia Provincial de Sevilla donde este tribunal le advertía de que 'podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento'.
Por último Alaya añade que 'no existe, con la provisionalidad que cualquier afirmación en esta causa puede tener, ninguna ausencia destacable', La juez explica que su resolución fue condicionada 'en buena medida' por el auto que el pasado mes de agosto dictó la Sección Séptima, 'con independencia del acierto o desacierto de su contenido, que esta instructora asume por completo'.
