El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, en el pleno del Congreso, que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá que ningún cargo público podrá testificar por escrito cuando sea citado por el juez.
Ruiz-Gallardón, que advirtió de que la corrupción es "un cáncer que nos puede matar a todos", adquirió este compromiso con la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que le reprochó la tardanza en poner en marcha algunas medidas de regeneración democrática.
El ministro renovó también su promesas de suprimir la posibilidad de que las asambleas legislativas elijan a los jueces competentes para juzgarles y de prohibir que los acusados por corrupción puedan integrar listas electorales desde el momento en que se abre juicio oral.
A este respecto, Rosa Díez le propuso que, aunque todavía la ley no se haya tramitado, los partidos se apliquen ya esa prohibición, como mensaje de regeneración a la sociedad, a lo que Gallardón respondió que trasladaría a la dirección de su partido la voluntad del Gobierno de legislar al respecto y que suponía que "en coherencia" el PP la aplicaría.
Durante el debate, el ministro defendió que hay "voluntad" en el Gobierno de plantar cara a la corrupción, pero hizo hincapié en que quiere hacerlo desde el acuerdo, porque cree que esa es no una batalla que tenga que ganar solo un gobierno, sino también "la oposición, el parlamento, la sociedad y la democracia entera".
"El Gobierno quiere que esta sea la medalla de esta legislatura, que no solamente acabemos con cualquier conducta que pueda intoxicar nuestro sistema democrático, sino que sentemos unas bases solidas para que no se vuelvan a repetir", zanjó.
