El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que una de las primeras medidas que adoptará su departamento será impulsar un ley de mediación y jurisdicción voluntaria que suponga, por ejemplo, que los notarios puedan resolver matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo.
'No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo, que lo que exige es una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado, no pueda ser formalizado por las partes directamente ante un notario', afirmó el ministro. También se preguntó por qué un alcalde puede autorizar matrimonios y no puede hacerlo un fedatario público como es un notario. Ruiz-Gallardón puso estos ejemplos dentro de los asuntos que, en su opinión, deberían salir de la vía exclusivamente judicial para aligerar el atasco en la Justicia. 'Asuntos que en este momento están atascados ante los tribunales -dijo- los vamos a resolver, con plena garantía para los ciudadanos, ante otros funcionarios, ante otros organismos'.
El ministro insistó en el altísimo grado de litigiosidad que existe en España -tres millones de asuntos al año más que en Francia para una población de 20 millones de habitantes menos- y concluyó que hay 'un enorme campo de actuaciones' que se pueden resolver de manera distinta, fuera de los tribunales. El Ministerio de Justicia aseguró que no existe aún un calendario para la puesta en marcha de esa anunciada ley de mediación y jurisdicción voluntaria, y recordó que se enmarca en el objetivo de aligerar los asuntos que terminan en los Juzgados.
Precisamente ayer el Consejo General del Notariado se ofreció al ministro para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación con el objetivo de contribuir a descongestionar los tribunales.
COREGIR DEFECTOS
Por otra parte, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que la nueva ley del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel, sino que corregirá los defectos de la anterior y garantizará siempre los derechos del concebido. Gallardón subrayó que no hay ninguna mujer en la cárcel por abortar ni con la ley vigente, ni con la ley anterior, ni se va a producir esta situación con ninguna ley que apruebe el actual Gobierno. El titular de Justicia abogó por encontrar una redacción de la ley del aborto acorde con lo que dijo el Tribunal Constitucional, que conjugue la protección del concebido con unos supuestos, que el legislador tiene que precisar, donde la interrupción del embarazo no sea en modo alguno calificada como un delito, no sea objeto de reproche penal.
El ministro de Justicia precisó que ese equilibrio se rompió con la última ley del aborto, que estableció que por debajo de determinados días o semanas de concepción no existía ninguna protección, ningún derecho del concebido. 'Una ley estricta de plazos que diga que durante determinadas semanas el concebido carece de protección es contraria a lo que se manifestó desde el Tribunal Constitucional', explicó. Además señaló que no se va a volver a la legislación anterior y estimó que la experiencia que se adquirió mientras estuvieron vigentes la anterior ley y la actual tiene que llevar a redactar una nueva norma que supere las deficiencias de una y de otra.
El ministro insistó en el altísimo grado de litigiosidad que existe en España -tres millones de asuntos al año más que en Francia para una población de 20 millones de habitantes menos- y concluyó que hay 'un enorme campo de actuaciones' que se pueden resolver de manera distinta, fuera de los tribunales. El Ministerio de Justicia aseguró que no existe aún un calendario para la puesta en marcha de esa anunciada ley de mediación y jurisdicción voluntaria, y recordó que se enmarca en el objetivo de aligerar los asuntos que terminan en los Juzgados.
Precisamente ayer el Consejo General del Notariado se ofreció al ministro para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación con el objetivo de contribuir a descongestionar los tribunales.
COREGIR DEFECTOS
Por otra parte, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que la nueva ley del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel, sino que corregirá los defectos de la anterior y garantizará siempre los derechos del concebido. Gallardón subrayó que no hay ninguna mujer en la cárcel por abortar ni con la ley vigente, ni con la ley anterior, ni se va a producir esta situación con ninguna ley que apruebe el actual Gobierno. El titular de Justicia abogó por encontrar una redacción de la ley del aborto acorde con lo que dijo el Tribunal Constitucional, que conjugue la protección del concebido con unos supuestos, que el legislador tiene que precisar, donde la interrupción del embarazo no sea en modo alguno calificada como un delito, no sea objeto de reproche penal.
El ministro de Justicia precisó que ese equilibrio se rompió con la última ley del aborto, que estableció que por debajo de determinados días o semanas de concepción no existía ninguna protección, ningún derecho del concebido. 'Una ley estricta de plazos que diga que durante determinadas semanas el concebido carece de protección es contraria a lo que se manifestó desde el Tribunal Constitucional', explicó. Además señaló que no se va a volver a la legislación anterior y estimó que la experiencia que se adquirió mientras estuvieron vigentes la anterior ley y la actual tiene que llevar a redactar una nueva norma que supere las deficiencias de una y de otra.
