Antes que Ruz y Pedraz, el juez Velasco fue el primero en sondear la posibilidad de no acatar la reforma de la justicia universal.
Distintos jueces de la Audiencia Nacional se resisten a archivar de forma automática las causas a las que afecta la entrada en vigor de la limitación de la justicia universal y optaron en varios casos por consultar antes a las partes sobre si cabe o no el sobreseimiento en aplicación de esa reforma.
Sin ni siquiera dar ese paso previo, el juez Santiago Pedraz se negó ayer de oficio a archivar el caso Couso tras la entrada en vigor de la limitación de la justicia universal.
Para el magistrado, la muerte en la guerra de Iraq del cámara José Couso se contradice con la IV Convención de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.
Además de su negativa a archivar el caso Couso, Pedraz dio ayer traslado a las partes para que informen si cabe o no la aplicación de la reforma en la causa en la que investiga el asalto y quema de la embajada de España en Guatemala en 1980 por las fuerzas de seguridad del Estado, que causó 37 muertos.
Del mismo modo actuó su compañero Pablo Ruz, que también se dirigió a las partes personadas en las cinco causas de justicia universal que se tramitan en su jugado para que le informen si cabe o no el archivo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional podría posicionarse a favor de mantener abiertos algunos de estos casos, teniendo en cuenta que ya manifestó su queja ante el fiscal general del Estado por esta reforma, al entender que limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.
Antes que Ruz y Pedraz, el juez Eloy Velasco fue el primero en sondear a las partes con respecto a la causa de justicia universal que obra en su juzgado y en la que tiene procesados a veinte militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas.
El delito de terrorismo puede salvar del archivo algunas de las 14 causas de justicia universal que se instruyen en la Audiencia. Entre ellas estaría la del genocidio en Ruanda y los secuestros a manos de Al Qaeda de los cooperantes españoles en Mali Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons y el del periodista Marc Marginedas en Siria.
Salvo estos casos, el resto parece abocado al archivo, como ocurre con la causa en la que Ismael Moreno tiene imputados a exlíderes chinos acusados de participar en la represión en el Tíbet, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y que provocó quejas del gobierno chino.
