'Me parece intolerable tachar de fascistas a miembros del Tribunal Supremo', así de tajante se mostró Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras las críticas que recibieron los siete magistrados que juzgaron al jurista Baltasar Garzón.
Bravo se referió así a las declaraciones del exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo donde señaló que 'el Supremo es una casta de burócratas al servicio de la venganza'. 'No es una valoración de la resolución judicial. Me parece una descalificación, me parece un ataque personal a los integrantes de un poder judicial que creo que este país dió muestras evidentes de ser imparcial e independiente', insistió.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en el llamamiento a la reflexión, 'cuando se cuestionan las decisiones democráticas del Estado se cuestiona la democracia misma', y advirtió que la imagen del país que lanzan al exterior estas críticas a la justicia 'no es España'.
De la misma forma, Sáenz de Santamaría realizó un llamamiento 'a la responsabilidad' tras la inhabilitación de Garzón y exigió a los responsables políticos que respeten las decisiones judiciales porque, en caso contrario, están 'cuestionando' la democracia misma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno respeta cualquier decisión judicial -'la comparta o no, le guste o no, le favorezca más o menos'- y ha pedido a todos los políticos que 'tengan ese mismo respeto'.
MINISTRO DE JUSTICIA
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su 'respeto' a la sentencia y a las palabras del presidente del Tribunal Supremo (TS), Caros Dívar, en las que tachaba de 'inaceptables, frívolos y carentes de fundamento' los ataques y críticas vertidos contra la resolución judicial.
Del mismo modo el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, reclamó 'respeto institucional' para el Tribunal Supremo y los siete magistrados de la sala que condenaron a Garzón por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel' y rechazó las críticas que cuestionan su honorabilidad, en su opinión, la sentencia puede ser objeto de críticas, pero no es cuestionable la legitimidad y competencia del Supremo, 'ni la honorabilidad de los siete magistrados que emitieron unánimemente su parecer'. Además, señaló que la grabación de las comunicaciones personales de los imputados en situación de prisión preventiva constituyen 'objetivamente un gravísimo atentado contra el derecho de defensa, la intimidad de los justiciables y de sus abogados, y otros derechos fundamentales'.
También el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, consideró la sentencia que inhabilita al juez como 'una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional' y es 'inobjetable'. También estimó necesaria una reforma 'urgente' de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y terminar con 'el déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones', Ramírez remarcó que 'podemos discrepar o no' con la sentencia pero 'se ajusta a los parámetros establecidos.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en el llamamiento a la reflexión, 'cuando se cuestionan las decisiones democráticas del Estado se cuestiona la democracia misma', y advirtió que la imagen del país que lanzan al exterior estas críticas a la justicia 'no es España'.
De la misma forma, Sáenz de Santamaría realizó un llamamiento 'a la responsabilidad' tras la inhabilitación de Garzón y exigió a los responsables políticos que respeten las decisiones judiciales porque, en caso contrario, están 'cuestionando' la democracia misma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno respeta cualquier decisión judicial -'la comparta o no, le guste o no, le favorezca más o menos'- y ha pedido a todos los políticos que 'tengan ese mismo respeto'.
MINISTRO DE JUSTICIA
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su 'respeto' a la sentencia y a las palabras del presidente del Tribunal Supremo (TS), Caros Dívar, en las que tachaba de 'inaceptables, frívolos y carentes de fundamento' los ataques y críticas vertidos contra la resolución judicial.
Del mismo modo el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, reclamó 'respeto institucional' para el Tribunal Supremo y los siete magistrados de la sala que condenaron a Garzón por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel' y rechazó las críticas que cuestionan su honorabilidad, en su opinión, la sentencia puede ser objeto de críticas, pero no es cuestionable la legitimidad y competencia del Supremo, 'ni la honorabilidad de los siete magistrados que emitieron unánimemente su parecer'. Además, señaló que la grabación de las comunicaciones personales de los imputados en situación de prisión preventiva constituyen 'objetivamente un gravísimo atentado contra el derecho de defensa, la intimidad de los justiciables y de sus abogados, y otros derechos fundamentales'.
También el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, consideró la sentencia que inhabilita al juez como 'una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional' y es 'inobjetable'. También estimó necesaria una reforma 'urgente' de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y terminar con 'el déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones', Ramírez remarcó que 'podemos discrepar o no' con la sentencia pero 'se ajusta a los parámetros establecidos.
