El juez Pablo Ruz confirmó ayer la legalidad de las escuchas aportadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas que dieron origen al caso Gürtel y cuya nulidad pidieron los imputados Francisco Correa, Ricardo Galeote y Luis Bárcenas por considerar que vulneraban su intimidad.
Ruz adoptó esta decisión en un auto en el que destaca que lo que la Constitución prohíbe es la intervención de la conversación sin autorización judicial, pero no la captación de la conversación con otro y recuerda que según doctrina del Supremo la cuestión de la validez de una grabación subrepticia 'no ataca la intimidad'.
Esas conversaciones, que según el juez no difieren de otros casos validados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, fueron fuente de prueba respecto de determinados delitos, con lo que la persona que las entregó actuó 'en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos', destaca el auto.
El magistrado hace suya también la alegación de la acusación ejercida por el dirigente socialista valenciano Ángel Luna en el sentido de que 'el origen de la presente causa no son, en sentido estricto, las grabaciones cuestionadas, sino las manifestaciones en modo de denuncia' que hizo el concejal 'ante el órgano competente y en las que le relata con detalle y precisión hechos que revisten trascendencia penal'.
Ruz cree que resulta incongruente plantear esta cuestión cuatro años después de levantarse el sumario, sin que entonces las defensas las impugnaran cuando se concedió un plazo para ello. Por tanto, será en fase de juicio oral 'donde se desplegará o no su eficacia las grabaciones aportadas como medio probatorio a valorar por el tribunal'.
Esas conversaciones, que según el juez no difieren de otros casos validados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, fueron fuente de prueba respecto de determinados delitos, con lo que la persona que las entregó actuó 'en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos', destaca el auto.
El magistrado hace suya también la alegación de la acusación ejercida por el dirigente socialista valenciano Ángel Luna en el sentido de que 'el origen de la presente causa no son, en sentido estricto, las grabaciones cuestionadas, sino las manifestaciones en modo de denuncia' que hizo el concejal 'ante el órgano competente y en las que le relata con detalle y precisión hechos que revisten trascendencia penal'.
Ruz cree que resulta incongruente plantear esta cuestión cuatro años después de levantarse el sumario, sin que entonces las defensas las impugnaran cuando se concedió un plazo para ello. Por tanto, será en fase de juicio oral 'donde se desplegará o no su eficacia las grabaciones aportadas como medio probatorio a valorar por el tribunal'.
