Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros. Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040, según el INE, mientras que el número de ellos en situación legal, es decir, con permiso de residencia, asciende a 5.251.094, según el Ministerio de Empleo.
Por lo tanto, la cifra de ciudadanos 'sin papeles' es de 459.946, aunque la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que afectará este decreto por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social, cuando hasta ahora tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria solo por estar empadronados.
Con este recorte, el Gobierno aspira a ahorrar unos 500 millones, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que 'traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad', en palabras de la ministra, Ana Mato.
Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.
Tanto a ellos, como a los europeos no asegurados, se les ofertará una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años, si bien la medida aun está siendo debatida.
Por lo tanto, la cifra de ciudadanos 'sin papeles' es de 459.946, aunque la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que afectará este decreto por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social, cuando hasta ahora tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria solo por estar empadronados.
Con este recorte, el Gobierno aspira a ahorrar unos 500 millones, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que 'traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad', en palabras de la ministra, Ana Mato.
Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.
Tanto a ellos, como a los europeos no asegurados, se les ofertará una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años, si bien la medida aun está siendo debatida.
