Recuerda a los cinco magistrados rebeldes de la Audiencia Nacional su obligación de aplicarlas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó ayer a los jueces de la Audiencia Nacional que están "obligados" a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de "chapuza" la reciente reforma de la justicia universal y pidiesen que se rectifique.
La vicepresidenta afirmó que en un sistema de división de poderes, igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el legislativo, los jueces están "obligados a aplicarlas".
Sáenz de Santamaría aprovechó para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que generó "problemas" desde su introducción en nuestro país. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.
La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima fuese española.
Delitos de narcotráfico
Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, precisó la portavoz del Gobierno. En este punto, reconoció que surgieron "dificultades" en el caso de aquellas barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que "en algunos casos" ni siquiera se dirigían a España pero incidió en que no quedan impunes sino que corresponden a otros países juzgarlo.
La limitación de la justicia universal fue introducida por el PP a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, una decisión que ya provocó la excarcelación de 43 narcotraficantes y que viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión fue el juez Andreu, que calificó de "chapuza" esta reforma y que censuró que se use la justicia como "moneda de cambio".
Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se rebelaron contra esta reforma, que limita sus competencias, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo.
