Los sindicatos de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) han enviado al Ministerio de Trabajo y de Inmigración un documento conjunto con sus 'enmiendas' al borrador del Real Decreto-Ley de medidas laborales que les fue remitido este miércoles y que el Consejo de Ministros espera aprobar este viernes. Este nuevo paquete de medidas del Gobierno para fomentar contratación suponen para IU 'generalizar la basura'.
En él se contempla la suspensión, durante dos años, del límite al encadenamiento de contratos temporales, la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos y la creación de un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación que permitirá combinar formación con un trabajo remunerado.
La norma llega al Consejo de Ministros con el rechazo de los empresarios y de los sindicatos. Los primeros han criticado que se haya dejado fuera del decreto la reforma del contrato a tiempo parcial para dotarle de mayor flexibilidad, mientras que los segundos están muy molestos por la decisión del Ejecutivo de suspender el tope actual al encadenamiento de contratos temporales.
En el documento dirigido al ministerio de Trabajo, tanto CC.OO. como UGT han criticado que el Gobierno haya 'sustraído' al diálogo social y adoptado por sorpresa algunas iniciativas contenidas en esta norma que el Ejecutivo quiere tramitar urgentemente.
Así, han subrayado que la mesa de negociación en materia de empleo debería haber tenido la ocasión de debatir las cuestiones referentes al nuevo tratamiento del Fondo de Garantía Social (Fogasa) y, especialmente, la suspensión al tope actual para encadenar contratos temporales, medida ante la cual han manifestado su 'absoluta oposición'. En este sentido, han entendido que se han contravenido las normas del diálogo social.
'La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo', han alegado los sindicatos, que ven 'chocante' que se quiera promover la estabilidad laboral posibilitando que un trabajador pueda ser temporal en un mismo trabajo durante más tiempo.
Respecto a esto, los sindicatos han recordado que casi el 33% de los trabajadores temporales tenían un contrato inferior a seis meses en el segundo trimestre del año y que en los terceros trimestres de cada año siempre se incrementan los temporales con contratos de entre uno y seis meses de duración debido a la temporada estival.
'La temporalidad es necesaria para cubrir determinados empleos en actividades económicas muy estacionales. La forma de romper una excesiva temporalidad será a través del mayor peso de sectores que requieran de trabajadores formados y con cualificación adquirida en el puesto de trabajo', han explicado.
Para los sindicatos, esta suspensión del límite para encadenar contratos temporales supone un 'incumplimiento' de los compromisos adquiridos en los acuerdos sociales de 2006, además de una 'transgresión de obligaciones' respecto a las normativas europeas.
NO A UN CONTRATO FORMATIVO Y A LA EDAD FIJADA
Pese a compartir con el Gobierno la necesidad de que la formación debe ajustarse más a las necesidades de la empresa, los sindicatos se han opuesto también a crear una nueva modalidad de contrato formativo y a cambiarlo de denominación.
Al mismo tiempo, han considerado 'excesiva' tanto la duración del contrato de formación propuesta por el Ejecutivo, de dos años prorrogables a un tercero, como el que se puedan efectuar estos contratos con jóvenes de hasta 30 años. 'Nos podríamos situar con personas que, al concluir su periodo formativo, tendrían 33 años (...) Se va a limitar la posibilidad de acceder a contratos estables a una gran cantidad de personas', han argumentado.
A su parecer, la edad máxima de los destinatarios de contratos formativos debe ser 21 años, aunque ceden en que el tope pueda fijarse en 25 años, excepcionalmente y durante dos años. Además, para que esta modalidad contractual tenga éxito, han considerado necesario regular todos los aspectos relacionados con las prácticas no laborales y el sistema de becas. También han apostado por mantener la exigencia de tutores en la empresa y por limitar los contratos vía negociación colectiva.
En cuanto a las bonificaciones en la cotización a las empresas que hagan estos contratos, CC.OO. y UGT han solicitado que se eliminen las planteadas para la transformación en fijos, de 1.500 euros anuales o de 1.800 si son mujeres las contratadas. En su opinión, se trata de una rebaja generalizada de alto importe, por lo que se han mostrado partidarios de mantener las otras: 100% si lo contrata una empresa de menos de 250 trabajadores y 75% si iguala o supera esta cifra.
Al mismo tiempo, han rechazado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 de las bonificaciones para convertir contratos temporales en contratos indefinidos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido procedente).
A su juicio, no son efectivas para la creación de empleo y sí para elevar la temporalidad. De hecho, han argumentado que el contrato indefinido de 33 días apenas representa un 0,8% de media en el total de la contratación registrada en lo que va de año, en tanto que los contratos temporales suponen el 91,26% del total.
Asimismo, las organizaciones sindicales se han opuesto a fusionar el Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal, estimando que debe mantener su carácter autónomo. En este sentido, CC.OO. y UGT han considerado que lo que hay que hacer es cerrar acuerdos para elevar la plantilla del organismo.
AYUDA DE 400 EUROS
Pero si algo han celebrado los sindicatos de este nuevo paquete de medidas del Gobierno para el empleo es de la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos. No obstante, han considerado 'preocupante' que el nivel de cobertura a los desempleados se haya reducido más de 10 puntos desde que se derogó el anterior programa, conocido como Prodi y que contemplaba ayudas de 426 euros.
Por contra, esta ayuda de 400 euros a los desempleados ha sido criticada por el secretario federal de economía y trabajo de IU, José Antonio García Rubio, que ha opinado que la medida 'no resuelve el problema de cientos de miles de personas que están ya en una situación desesperada'.
'No es nuestra alternativa. Nosotros hemos propuesto un plan de formación y empleo que dé salida a los cientos de miles de trabajadores en desempleo que han agotado todas las prestaciones y que sería un proyecto solvente y sólido', ha defendido en rueda de prensa en la sede de IU, junto a su coordinador federal, Cayo Lara.
Para el responsable económico de IU, las nuevas medidas del Ejecutivo supone 'generalizar la basura, normalizar lo que hasta ahora era excepcional y empeorar las condiciones de vida en general de los jóvenes y de las mujeres'.
Tanto 'la posibilidad del encadenamiento de los contratos temporales hasta el año 2013' como 'la ampliación de los contratos de formación hasta la edad de 30 años' tienen, tal y como ha confirmado García Rubio, 'el rechazo total del Izquierda Unida', ya que dudan que vaya a crear 'algunos puestos de trabajo más'.
'El problema de nuestra sociedad no es que haya facilidades para el despido sino que no hay desarrollo económico ni actividad económica suficiente para crear empresas y empleo' ha explicado, al mismo tiempo que ha aseverado que lo que no están dispuestos a aceptar es que 'si nadie lo remedia dentro de poco habrá una reformar que consistirá en anular el decreto de abolición de la esclavitud de 1837'.
La norma llega al Consejo de Ministros con el rechazo de los empresarios y de los sindicatos. Los primeros han criticado que se haya dejado fuera del decreto la reforma del contrato a tiempo parcial para dotarle de mayor flexibilidad, mientras que los segundos están muy molestos por la decisión del Ejecutivo de suspender el tope actual al encadenamiento de contratos temporales.
En el documento dirigido al ministerio de Trabajo, tanto CC.OO. como UGT han criticado que el Gobierno haya 'sustraído' al diálogo social y adoptado por sorpresa algunas iniciativas contenidas en esta norma que el Ejecutivo quiere tramitar urgentemente.
Así, han subrayado que la mesa de negociación en materia de empleo debería haber tenido la ocasión de debatir las cuestiones referentes al nuevo tratamiento del Fondo de Garantía Social (Fogasa) y, especialmente, la suspensión al tope actual para encadenar contratos temporales, medida ante la cual han manifestado su 'absoluta oposición'. En este sentido, han entendido que se han contravenido las normas del diálogo social.
'La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo', han alegado los sindicatos, que ven 'chocante' que se quiera promover la estabilidad laboral posibilitando que un trabajador pueda ser temporal en un mismo trabajo durante más tiempo.
Respecto a esto, los sindicatos han recordado que casi el 33% de los trabajadores temporales tenían un contrato inferior a seis meses en el segundo trimestre del año y que en los terceros trimestres de cada año siempre se incrementan los temporales con contratos de entre uno y seis meses de duración debido a la temporada estival.
'La temporalidad es necesaria para cubrir determinados empleos en actividades económicas muy estacionales. La forma de romper una excesiva temporalidad será a través del mayor peso de sectores que requieran de trabajadores formados y con cualificación adquirida en el puesto de trabajo', han explicado.
Para los sindicatos, esta suspensión del límite para encadenar contratos temporales supone un 'incumplimiento' de los compromisos adquiridos en los acuerdos sociales de 2006, además de una 'transgresión de obligaciones' respecto a las normativas europeas.
NO A UN CONTRATO FORMATIVO Y A LA EDAD FIJADA
Pese a compartir con el Gobierno la necesidad de que la formación debe ajustarse más a las necesidades de la empresa, los sindicatos se han opuesto también a crear una nueva modalidad de contrato formativo y a cambiarlo de denominación.
Al mismo tiempo, han considerado 'excesiva' tanto la duración del contrato de formación propuesta por el Ejecutivo, de dos años prorrogables a un tercero, como el que se puedan efectuar estos contratos con jóvenes de hasta 30 años. 'Nos podríamos situar con personas que, al concluir su periodo formativo, tendrían 33 años (...) Se va a limitar la posibilidad de acceder a contratos estables a una gran cantidad de personas', han argumentado.
A su parecer, la edad máxima de los destinatarios de contratos formativos debe ser 21 años, aunque ceden en que el tope pueda fijarse en 25 años, excepcionalmente y durante dos años. Además, para que esta modalidad contractual tenga éxito, han considerado necesario regular todos los aspectos relacionados con las prácticas no laborales y el sistema de becas. También han apostado por mantener la exigencia de tutores en la empresa y por limitar los contratos vía negociación colectiva.
En cuanto a las bonificaciones en la cotización a las empresas que hagan estos contratos, CC.OO. y UGT han solicitado que se eliminen las planteadas para la transformación en fijos, de 1.500 euros anuales o de 1.800 si son mujeres las contratadas. En su opinión, se trata de una rebaja generalizada de alto importe, por lo que se han mostrado partidarios de mantener las otras: 100% si lo contrata una empresa de menos de 250 trabajadores y 75% si iguala o supera esta cifra.
Al mismo tiempo, han rechazado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 de las bonificaciones para convertir contratos temporales en contratos indefinidos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido procedente).
A su juicio, no son efectivas para la creación de empleo y sí para elevar la temporalidad. De hecho, han argumentado que el contrato indefinido de 33 días apenas representa un 0,8% de media en el total de la contratación registrada en lo que va de año, en tanto que los contratos temporales suponen el 91,26% del total.
Asimismo, las organizaciones sindicales se han opuesto a fusionar el Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal, estimando que debe mantener su carácter autónomo. En este sentido, CC.OO. y UGT han considerado que lo que hay que hacer es cerrar acuerdos para elevar la plantilla del organismo.
AYUDA DE 400 EUROS
Pero si algo han celebrado los sindicatos de este nuevo paquete de medidas del Gobierno para el empleo es de la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos. No obstante, han considerado 'preocupante' que el nivel de cobertura a los desempleados se haya reducido más de 10 puntos desde que se derogó el anterior programa, conocido como Prodi y que contemplaba ayudas de 426 euros.
Por contra, esta ayuda de 400 euros a los desempleados ha sido criticada por el secretario federal de economía y trabajo de IU, José Antonio García Rubio, que ha opinado que la medida 'no resuelve el problema de cientos de miles de personas que están ya en una situación desesperada'.
'No es nuestra alternativa. Nosotros hemos propuesto un plan de formación y empleo que dé salida a los cientos de miles de trabajadores en desempleo que han agotado todas las prestaciones y que sería un proyecto solvente y sólido', ha defendido en rueda de prensa en la sede de IU, junto a su coordinador federal, Cayo Lara.
Para el responsable económico de IU, las nuevas medidas del Ejecutivo supone 'generalizar la basura, normalizar lo que hasta ahora era excepcional y empeorar las condiciones de vida en general de los jóvenes y de las mujeres'.
Tanto 'la posibilidad del encadenamiento de los contratos temporales hasta el año 2013' como 'la ampliación de los contratos de formación hasta la edad de 30 años' tienen, tal y como ha confirmado García Rubio, 'el rechazo total del Izquierda Unida', ya que dudan que vaya a crear 'algunos puestos de trabajo más'.
'El problema de nuestra sociedad no es que haya facilidades para el despido sino que no hay desarrollo económico ni actividad económica suficiente para crear empresas y empleo' ha explicado, al mismo tiempo que ha aseverado que lo que no están dispuestos a aceptar es que 'si nadie lo remedia dentro de poco habrá una reformar que consistirá en anular el decreto de abolición de la esclavitud de 1837'.
