Cinco doctoras confirmaron ayer ante el juez que investiga el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina, de Madrid, en 1982 que la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como 'sor María', era la responsable de las adopciones casi en exclusiva y tenía un poder omnímodo. Las médicas apuntaron que en la clínica había una zona privada a la que se llevaba a las madres que presuntamente querían dar a sus hijos en adopción, según fuentes jurídicas.
Las doctoras Ana Elisa López Delgado, María Rosa Acero de Pablo, María Teresa del Olmo Mombiedro, Carmen Sánchez Calvo y Olga Fadón Pérez comparecieron ayer como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero. Expusieron que 'sor María' era la responsable de la administración de las adopciones casi en exclusiva y tenía libertad y potestad para entrar y salir en la zona de los nidos y de las incubadoras, sin que nadie pudiera enmendarle la plana.
Tres de las cinco testigos afirmaron que la religiosa tenía una enorme autonomía dentro de la clínica, pero los directores y los jefes de departamento y de la administración debían saber lo que ocurría dentro de la cadena jerárquica de mando de una maternidad pública. El juez mantiene imputada a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, tras la denuncia presentada por María Luisa Torres, que la acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la Clínica Santa Cristina en 1982.
El abogado de la denunciante, Guillermo Peña, indicó que hay 'muchísimas contradicciones' entre personas que fueron compañeras de servicio que le llevan a pensar que 'el consentimiento de la madre no aparece por ningún sitio y que es más que probable que María Luisa Torres pudiera haber permanecido en la zona privada sin haber sido atendida por nadie'.
Tres de las cinco testigos afirmaron que la religiosa tenía una enorme autonomía dentro de la clínica, pero los directores y los jefes de departamento y de la administración debían saber lo que ocurría dentro de la cadena jerárquica de mando de una maternidad pública. El juez mantiene imputada a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, tras la denuncia presentada por María Luisa Torres, que la acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la Clínica Santa Cristina en 1982.
El abogado de la denunciante, Guillermo Peña, indicó que hay 'muchísimas contradicciones' entre personas que fueron compañeras de servicio que le llevan a pensar que 'el consentimiento de la madre no aparece por ningún sitio y que es más que probable que María Luisa Torres pudiera haber permanecido en la zona privada sin haber sido atendida por nadie'.
