El 30 de diciembre de 2010, la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles por torturas graves y lesiones en el arresto de los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, responsables del atentado de la T4 de Barajas. Este martes, el Tribunal Supremo absolvió a los agentes, al encontrar fallos y contradicciones en las versiones de los terroristas y de sus testigos, y al contrastar los hechos con el manual de Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', que conminaba a los militantes detenidos a denunciar 'a cuantos 'txakurras' (policías)' pudiesen.
La izquierda abertzale consideró 'escandalosa' la resolución, mientras que Antonio Camacho, ministro del Interior, se mostró 'satisfecho' al demostrarse que no existió 'trato inadecuado' por parte de la Benemérita.
Este martes, el TS dio a conocer la sentencia que revoca la resolución que la Audiencia de Guipúzcoa dictó el 30 de septiembre, por la que condenaba a cuatro de los 15 agentes juzgados por malos tratos en las detenciones de Portu y Sarasola, responsables del atentado de la T4, que se cobró dos vidas. La Sala de lo Penal entiende que no hay pruebas suficientes para ello y critica 'las conclusiones valorativas inseguras o muy abiertas' que alegó el tribunal provincial.
Juan Saavedra, presidente de lo Penal, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y José Ramón Soriano sacaron a la luz el manual en el que 'Txeroki' daba a sus militantes unas pautas de actuación. El documento conminaba a los etarras a denunciar 'a cuantos 'txakurras'' pudiesen: 'Aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, no os van a represaliar por una denuncia falsa'.
El escrito que se intervino a la organización terrorista incluso aseguraba a los receptores que obtendrían 'testigos falaces' que corroborarían sus historias. Sabiendo esto, el TS evaluó el 'curioso' perfil de las tres personas que dieron fe de los testimonios de los etarras. Una de ellas fue una auxiliar de enfermería que llamó a los padres de Portu cuando éste ingresó en el hospital, lo cual demuestra que 'tenía relación con ellos'.
Además, los magistrados creen que la Audiencia otorgó 'una relevancia claramente improcedente' al relato de otro testigo: 'Es la única persona de Mondragón dispuesta a prestar declaración y es capaz de acercarse al lugar, a pesar del operativo de la Guardia Civil desplegado, siendo persona tan estrechamente vinculada a la organización terrorista'.
Esta persona declaró de forma 'espontánea', sin haber sido denunciada ni imputada, fue candidata de la ilegalizada Herri Batasuna (HB) y reconoció que es pariente de un preso de la banda, a quien suele visitar en prisión. Además, incurrió en 'flagrantes contradicciones' al decir que no vio si la Benemérita introdujo a los detenidos en un vehículo o en dos.
La Sala reprende también a la Audiencia Provincial por no haber cuestionado la fiabilidad del testimonio de Asier Agirre, alcalde de Aramaio (Álava) por Acción Nacionalista Vasca (ANV). En su día, estuvo imputado y después fue absuelto por pertenencia a banda armada. Él también cayó en las 'contradicciones e inexactitudes' y 'se excedió de sus facultades' al suplantar las del fedatario y certificar unos datos sobre el lugar y las circunstancias de la detención para los que no estaba capacitado.
'Con estas reseñas del perfil personal', el TS considera 'que los propuestos eran personas idóneas y adecuadas para prestar la colaboración que se les pedía, por sus conexiones ideológicas con el mundo etarra'. Además, los magistrados recuerdan que 'esa increíble y asombrosa cantidad de agresiones' que los etarras denunciaron 'debería dejar necesariamente huellas'.
La Sala de lo Penal hace hincapié en que los forenses de San Sebastián y Madrid detectaron polvo y tierra en las ropas de los detenidos. Éstos lo atribuyeron a una caída 'insólita' que se contradice con la tesis de que, desde un principio, les esposaron y los trasladaron a una pista forestal. Los arrestados hablaron en sus primeras declaraciones de un intento de escapar, de la violenta detención y de esa caída.
En conclusión, la sentencia explica que el testimonio de los terroristas fue 'variable, cambiante y muy condicionado' a 'la drástica disciplina de ETA'. Con todos los datos, el texto confirma que la versión de Portu y Sarasola podría ser calificada de ''kantada', 'coartada falsa' o 'explicación ficticia o deformada'', basada en las instrucciones del manual de Txeroki.
RECURSO DE LA FISCALÍA Y LOS GUARDIAS CIVILES
La condena, ahora suspendida, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa incluía entre dos y cuatro años y medio de cárcel y hasta ocho de inhabilitación absoluta para los cuatro miembros de la Benemérita. Ellos y el Ministerio Público presentaron recursos ante el alto tribunal, algo que también hicieron los propios Portu y Sarasola, que buscaban el castigo de otros guardias civiles a los que denunciaron.
Antonio Camacho, ministro del Interior, afirmó este martes que está 'satisfecho' con respecto a que el Supremo 'haya terminado resolviendo que no existió un trato inadecuado por parte de la Guardia Civil a los detenidos'. Esto es, 'que no hubo ningún tipo de responsabilidad fruto de esa detención'.
El dirigente explicó a RNE que él y la Benemérita tienen 'muy claro' que la lucha contra el terrorismo es 'importante'. No obstante, hizo hincapié en que el cuerpo y la cartera defienden que siempre se debe actuar respetando el Estado de Derecho.
Por el contrario, la izquierda abertzale consideró 'escandalosa' la resolución en un comunicado, denunciando que se trata de otra sentencia 'de marcado carácter político, que busca que el Estado español pueda seguir funcionando con su agenda de la mentira, obstaculizando el nuevo escenario abierto en este país'.
A su juicio, la sentencia suscita el 'rechazo mayoritario de las fuerzas políticas y sindicales de este país, que ven como la paz no viene ni vendrá a Euskal Herria de la mano del inexistente Estado de Derecho español, sino de la mano de quienes reivindican el derecho a ser y a decidir del pueblo vasco'.
Este martes, el TS dio a conocer la sentencia que revoca la resolución que la Audiencia de Guipúzcoa dictó el 30 de septiembre, por la que condenaba a cuatro de los 15 agentes juzgados por malos tratos en las detenciones de Portu y Sarasola, responsables del atentado de la T4, que se cobró dos vidas. La Sala de lo Penal entiende que no hay pruebas suficientes para ello y critica 'las conclusiones valorativas inseguras o muy abiertas' que alegó el tribunal provincial.
Juan Saavedra, presidente de lo Penal, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y José Ramón Soriano sacaron a la luz el manual en el que 'Txeroki' daba a sus militantes unas pautas de actuación. El documento conminaba a los etarras a denunciar 'a cuantos 'txakurras'' pudiesen: 'Aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, no os van a represaliar por una denuncia falsa'.
El escrito que se intervino a la organización terrorista incluso aseguraba a los receptores que obtendrían 'testigos falaces' que corroborarían sus historias. Sabiendo esto, el TS evaluó el 'curioso' perfil de las tres personas que dieron fe de los testimonios de los etarras. Una de ellas fue una auxiliar de enfermería que llamó a los padres de Portu cuando éste ingresó en el hospital, lo cual demuestra que 'tenía relación con ellos'.
Además, los magistrados creen que la Audiencia otorgó 'una relevancia claramente improcedente' al relato de otro testigo: 'Es la única persona de Mondragón dispuesta a prestar declaración y es capaz de acercarse al lugar, a pesar del operativo de la Guardia Civil desplegado, siendo persona tan estrechamente vinculada a la organización terrorista'.
Esta persona declaró de forma 'espontánea', sin haber sido denunciada ni imputada, fue candidata de la ilegalizada Herri Batasuna (HB) y reconoció que es pariente de un preso de la banda, a quien suele visitar en prisión. Además, incurrió en 'flagrantes contradicciones' al decir que no vio si la Benemérita introdujo a los detenidos en un vehículo o en dos.
La Sala reprende también a la Audiencia Provincial por no haber cuestionado la fiabilidad del testimonio de Asier Agirre, alcalde de Aramaio (Álava) por Acción Nacionalista Vasca (ANV). En su día, estuvo imputado y después fue absuelto por pertenencia a banda armada. Él también cayó en las 'contradicciones e inexactitudes' y 'se excedió de sus facultades' al suplantar las del fedatario y certificar unos datos sobre el lugar y las circunstancias de la detención para los que no estaba capacitado.
'Con estas reseñas del perfil personal', el TS considera 'que los propuestos eran personas idóneas y adecuadas para prestar la colaboración que se les pedía, por sus conexiones ideológicas con el mundo etarra'. Además, los magistrados recuerdan que 'esa increíble y asombrosa cantidad de agresiones' que los etarras denunciaron 'debería dejar necesariamente huellas'.
La Sala de lo Penal hace hincapié en que los forenses de San Sebastián y Madrid detectaron polvo y tierra en las ropas de los detenidos. Éstos lo atribuyeron a una caída 'insólita' que se contradice con la tesis de que, desde un principio, les esposaron y los trasladaron a una pista forestal. Los arrestados hablaron en sus primeras declaraciones de un intento de escapar, de la violenta detención y de esa caída.
En conclusión, la sentencia explica que el testimonio de los terroristas fue 'variable, cambiante y muy condicionado' a 'la drástica disciplina de ETA'. Con todos los datos, el texto confirma que la versión de Portu y Sarasola podría ser calificada de ''kantada', 'coartada falsa' o 'explicación ficticia o deformada'', basada en las instrucciones del manual de Txeroki.
RECURSO DE LA FISCALÍA Y LOS GUARDIAS CIVILES
La condena, ahora suspendida, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa incluía entre dos y cuatro años y medio de cárcel y hasta ocho de inhabilitación absoluta para los cuatro miembros de la Benemérita. Ellos y el Ministerio Público presentaron recursos ante el alto tribunal, algo que también hicieron los propios Portu y Sarasola, que buscaban el castigo de otros guardias civiles a los que denunciaron.
Antonio Camacho, ministro del Interior, afirmó este martes que está 'satisfecho' con respecto a que el Supremo 'haya terminado resolviendo que no existió un trato inadecuado por parte de la Guardia Civil a los detenidos'. Esto es, 'que no hubo ningún tipo de responsabilidad fruto de esa detención'.
El dirigente explicó a RNE que él y la Benemérita tienen 'muy claro' que la lucha contra el terrorismo es 'importante'. No obstante, hizo hincapié en que el cuerpo y la cartera defienden que siempre se debe actuar respetando el Estado de Derecho.
Por el contrario, la izquierda abertzale consideró 'escandalosa' la resolución en un comunicado, denunciando que se trata de otra sentencia 'de marcado carácter político, que busca que el Estado español pueda seguir funcionando con su agenda de la mentira, obstaculizando el nuevo escenario abierto en este país'.
A su juicio, la sentencia suscita el 'rechazo mayoritario de las fuerzas políticas y sindicales de este país, que ven como la paz no viene ni vendrá a Euskal Herria de la mano del inexistente Estado de Derecho español, sino de la mano de quienes reivindican el derecho a ser y a decidir del pueblo vasco'.
