El Tribunal Supremo ordenó la ejecución de la sentencias de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) a instancias de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía e inició los trámites para la liquidación patrimonial de ambas formaciones.
Así lo establece el auto dictado por la Sala Especial del 61 que también acuerda que escuchará a los dos partidos antes de decretar las disolución de sus grupos municipales y parlamentarios. Así, concede un plazo de diez días a los 125 ayuntamientos en los que ANV cuenta con un grupo municipal, a los grupos de este partido en las juntas generales de Vizcaya y Alava y al grupo del PCTV en el Parlamento de Vitoria para que aleguen lo que consideren oportuno sobre la petición realizada por la Abogacía del Estado instando su disolución.
Tras tres horas de reunión, la Sala Especial del Supremo dio por oficialmente iniciado el trámite de ejecución las sentencias de ilegalización de ANV y del PCTV que fueron dictadas el pasado 22 de septiembre. Así acuerda iniciar la liquidación patrimonial de ambas formaciones para lo que, según lo señalado en la Ley de Partidos Políticos, el Supremo pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que remita un listado de 12 funcionarios, (seis para cada partido), de entre los cuales la Sala del 61 procederá a designar tres liquidadores para cada partido.
En el marco de esta liquidación se decreta también el embargo 'de cuantos derechos, bienes, o participaciones' puedan poseer ambos partidos en instituciones de crédito o ahorro, financieras, sociedades mercantiles, industriales o civiles' puedan ser titulares. También se embargarán todas las subvenciones estatales, autonómicas o locales que recibían ANV y el PCTV y los saldos existentes en todas las cuentas corrientes abiertas a nombre de las dos formaciones 'así como también los derechos de arrendamiento, hipoteca, o cualesquiera otros que con este carácter pueda ostentar o ser titular'. En este punto el Supremo solicita información al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -que mantiene dos sumarios abiertos contra ANV y PCTV por la presunta integración en ETA de sus miembros-, con el fin de conocer los bienes ya embargados por este magistrado de forma cautelar.
A la petición a la que todavía no ha accedido la Sala del 61 es a la de disolver los grupos municipales y parlamentarios de ANV y del PCTV. El Alto Tribunal decidió que no actuará hasta escuchar a las dos formaciones y da un plazo de diez días a los 125 ayuntamientos en los que ANV cuenta con un grupo municipal, a los grupos de este partido en las juntas generales de Vizcaya y Alava y al grupo del PCTV en el Parlamento de Vitoria, para que presenten sus alegaciones.
UN VOTO PARTICULAR
La decisión de escuchar a los grupos de ANV y PCTV antes de proceder a su disolución cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena, que considera que la desaparición de dichos grupos como tales -dejando a los concejales, junteros y diputados afectados como 'miembros no adscriptos' a ningún grupo- debería haberse producido hoy mismo, sin tener que escuchar a las instituciones.
Las alegaciones de los grupos de ANV y del PCTV deberán conducirse a través de la institución en la que estén presentes. Así en el caso de Ezker Abertzalea, el grupo del PCTV en el Parlamento vasco el oficio se remite a la presidenta la Cámara, Izaskun Bilbao, para que lo ponga en conocimiento del citado grupo. En el caso de los grupos de ANV el Supremo se dirige a los alcaldes de los 125 ayuntamientos citados en su escrito por el Abogado del Estado y también a los presidentes de la Juntas Generales de los Territorios Históricos de Vizcaya y Alava.
Los autos, de los que hoy sólo trascendió la parte dispositiva, se dictarán en los próximos días, y será entonces cuando comenzarán a contar los diez días de plazo para que las instituciones afectadas por la ilegalización de ANV y PCTV contesten al Supremo.
Tras tres horas de reunión, la Sala Especial del Supremo dio por oficialmente iniciado el trámite de ejecución las sentencias de ilegalización de ANV y del PCTV que fueron dictadas el pasado 22 de septiembre. Así acuerda iniciar la liquidación patrimonial de ambas formaciones para lo que, según lo señalado en la Ley de Partidos Políticos, el Supremo pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que remita un listado de 12 funcionarios, (seis para cada partido), de entre los cuales la Sala del 61 procederá a designar tres liquidadores para cada partido.
En el marco de esta liquidación se decreta también el embargo 'de cuantos derechos, bienes, o participaciones' puedan poseer ambos partidos en instituciones de crédito o ahorro, financieras, sociedades mercantiles, industriales o civiles' puedan ser titulares. También se embargarán todas las subvenciones estatales, autonómicas o locales que recibían ANV y el PCTV y los saldos existentes en todas las cuentas corrientes abiertas a nombre de las dos formaciones 'así como también los derechos de arrendamiento, hipoteca, o cualesquiera otros que con este carácter pueda ostentar o ser titular'. En este punto el Supremo solicita información al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -que mantiene dos sumarios abiertos contra ANV y PCTV por la presunta integración en ETA de sus miembros-, con el fin de conocer los bienes ya embargados por este magistrado de forma cautelar.
A la petición a la que todavía no ha accedido la Sala del 61 es a la de disolver los grupos municipales y parlamentarios de ANV y del PCTV. El Alto Tribunal decidió que no actuará hasta escuchar a las dos formaciones y da un plazo de diez días a los 125 ayuntamientos en los que ANV cuenta con un grupo municipal, a los grupos de este partido en las juntas generales de Vizcaya y Alava y al grupo del PCTV en el Parlamento de Vitoria, para que presenten sus alegaciones.
UN VOTO PARTICULAR
La decisión de escuchar a los grupos de ANV y PCTV antes de proceder a su disolución cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena, que considera que la desaparición de dichos grupos como tales -dejando a los concejales, junteros y diputados afectados como 'miembros no adscriptos' a ningún grupo- debería haberse producido hoy mismo, sin tener que escuchar a las instituciones.
Las alegaciones de los grupos de ANV y del PCTV deberán conducirse a través de la institución en la que estén presentes. Así en el caso de Ezker Abertzalea, el grupo del PCTV en el Parlamento vasco el oficio se remite a la presidenta la Cámara, Izaskun Bilbao, para que lo ponga en conocimiento del citado grupo. En el caso de los grupos de ANV el Supremo se dirige a los alcaldes de los 125 ayuntamientos citados en su escrito por el Abogado del Estado y también a los presidentes de la Juntas Generales de los Territorios Históricos de Vizcaya y Alava.
Los autos, de los que hoy sólo trascendió la parte dispositiva, se dictarán en los próximos días, y será entonces cuando comenzarán a contar los diez días de plazo para que las instituciones afectadas por la ilegalización de ANV y PCTV contesten al Supremo.
