El Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno a la "tarifa plana" para la contratación indefinida de nuevos trabajadores que como novedad se ha ampliado al contrato a tiempo parcial.
Con la aprobación de esta medida, incluida en el decreto ley de medidas de fomento del empleo y la contratación indefinida, el Gobierno ha tardado sólo tres días, desde el anuncio por el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, en poner en marcha unas bonificaciones que pretenden incentivar la contratación indefinida y crear empleo neto, "el auténtico espíritu del decreto", según el Ministerio de Empleo.
La ministra Fátima Báñez, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha explicado que la cotización será de 100 euros en el caso de la jornada completa, de 75 cuando se trabaja el menos el 75 % de la jornada y de 50 euros para la media jornada.
La medida que entrará en vigor con efectos retroactivos del 25 de febrero se aplicará durante 24 meses para los contratos que se formalicen hasta el 31 de diciembre de este año, si bien cabe la posibilidad de que esta limitación temporal pueda prorrogarse.
Además, las microempresas -con menos de diez trabajadores- podrán beneficiarse de doce meses adicionales con una reducción del 50 % de la cotización por contingencias comunes.
La reducción supondrá un ahorro medio para el empleador del 75 % de la cotización por contingencias comunes.
La medida aplicada en un sueldo bruto anual de 20.000 euros -el salario mediano según el INE- implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.
La nueva regulación será incompatible con otras bonificaciones y no afectará a los derechos sociales.
"No se afectará para nada la protección social" que será la que establezca la base reguladora del contrato, han confirmado fuentes de Empleo.
Además, deja fuera a quienes contraten familiares salvo los autónomos que podrán contratar a familiares menores de 30 años y a las contrataciones en sistemas especiales como el hogar y el agrario.
Sólo será de aplicación en el sector privado y quedan excluidas las administraciones públicas, organismos y entidades empresariales.
Para beneficiarse de la "tarifa plana", las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y no podrán haber llevado a cabo despidos colectivos o individuales en los seis meses previos a la contratación.
De hecho, "sólo se tendrán en cuenta las extinciones realizadas con posterioridad al anuncio de esta medida, esto es, con posterioridad al 25 de febrero".
El anunció de la "tarifa plana" ha concitado la desconfianza entre los sindicatos.
Mientras UGT ha dicho que la tarifa tenía "truco" y favorecía el despido fácil; CCOO, en la misma línea, ha criticado que con esta medida se aplicaba un "golpe a los ingresos de la Seguridad Social".
La asociación de autónomos ATA ha valorado que la tarifa plana se traducirá en mil empleos más cada día.
ATA ha reconocido que las bonificaciones en las cotizaciones representarán un "esfuerzo" para las arcas de la Seguridad Social, pero también "una importante reducción en los gastos por desempleo al haber más parados que encuentren un trabajo".
