El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho en en los pasillos del Senado, que el Gobierno "no esperaba hoy la sentencia", que "acata y respeta".
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Lomce, que anula la obligación de que la Generalitat costee la enseñanza en español de los alumnos en Cataluña, ha supuesto un varapalo para el Gobierno, que ha reconocido que tendrá que tenerla en cuenta en sus planes "para garantizar el castellano".
Así, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho en en los pasillos del Senado, que el Gobierno "no esperaba hoy la sentencia", que "acata y respeta".
No todo ha sido negativo para el Ejecutivo y, en el mismo fallo, el alto tribunal ha avalado la competencia del Ministerio de Educación para regular las pruebas de evaluación finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, unas pruebas que ahora no son necesarias para lograr el título correspondiente hasta que se logre un Pacto Educativo.
Se trata de la competencia de Educación para regular las "condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales", han recordado los magistrados.
La educación en castellano en Cataluña está generando polémica desde la semana pasada después de que el Gobierno anunciara que garantizará "la libertad de los padres" para elegirlo como lengua vehicular de sus hijos el próximo curso en los centros escolares.
Aún se desconoce la fórmula para hacer efectivo un derecho reconocido por sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC); los dos últimos consideran que el 25 % de las clases en castellano es una proporción razonable.
Ello llevaría a que en los centros educativos, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, recibieran en castellano otra asignatura troncal.
