Entre ellos están la presidenta del Parlament, los consejeros de la Generalitat y otros cargos de la cámara catalana.
El Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por once magistrados, ha comenzado pasadas las cuatro y media de esta tarde a estudiar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista.
El recurso señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
Tal como ha explicado la abogada general del Estado, Marta Silva, a las puertas del TC, el Gobierno solicita expresamente al TC que suspenda cautelarmente la vigencia de la declaración mientras resuelve sobre el fondo, lo que de admitirse el recurso se acordará de forma automática durante al menos 5 meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución.
Por otro lado, el Gobierno pide que la providencia que se esta tarde dicte el tribunal de garantías se notifique a un total de 21 altos cargos -entre ellos la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y del presidente en funciones, Artur Mas-; que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales; y que se añada la prohibición también expresa de que la cámara autonómica emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
