El Tribunal de Cuentas rechaza el aval del Govern de Cataluña por el procés

<p> El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en su comparecencia pública. </p>
photo_camera El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en su comparecencia pública.

Artur Mas cree que el fallo le sitúa “en el peor de los escenarios” y ofrece su vivienda como garantía

El Tribunal de Cuentas rechazó los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados por la Generalitat a favor de casi una treintena de ex altos cargos del Govern por haber promocionado con dinero público el “procés” en el extranjero. Los avales cubrían la responsabilidad contable de 28 personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs.

La instructora de la causa, Esperanza García Moreno, rechazó la validez de esos avales en un escrito en el que establece que “procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales”. Esta decisión coincide con otra de la Sala de Justicia del Tribunal que rechaza los recursos presentados contra toda la instrucción desarrollada y contra la liquidación provisional establecida en 5,4 millones de euros.

En respuesta, el expresidente de la Generalitat Artur Mas aseguró que “estamos en el peor de los escenarios, significa que el Tribunal de Cuentas no acepta unos avales de la Generalitat que son legales, porque nadie presentó recurso contra ellos. Y no sólo no los aceptan, sino que procederán a un embargo de nuestros bienes y probablemente de salarios”, advirtió. Tras haber hablado con su abogado, el expresidente catalán presentó su inmueble como garantía, pero no sabe si se lo aceptarán: “Puede que ni el plan B funcione”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó que el Govern defenderá la “legalidad” de los avales y 2la profesionalidad de los servidores públicos afectados”. asimismo, Aragonès acusó al Tribunal de Cuentas de estar politizado y controlado por el PP, y critocó que con su decisión “continúa la venganza de la causa general, ahora intentando arruinar a las familias de los represaliados”.

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