La defensa de Iñaki Urdangarin se opone a la petición del juez del caso Nóos de las diez últimas declaraciones de renta del duque de Palma porque considera que corresponde a una instrucción 'prospectiva e indiscriminada' hecha para 'ver qué sale', sin basarse en indicios previos. El abogado Mario Pascual Vives interpuso la semana pasada un recurso contra el auto del juez José Castro que solicitaba las diez últimas declaraciones de la renta de los duques de Palma y pidió que esta diligencia quede sin efecto hasta que el magistrado decida sobre esta impugnación.
El sindicato Manos Limpias, acusación popular en la causa, reclamó las declaraciones de la renta de Urdangarin y la infanta Cristina para comprobar si en ellas figuran las firmas de ambos cónyuges y por tanto existe 'un conocimiento recíproco de las 'actividades económicas'' por parte de los dos. El abogado de Urdangarin alega al respecto que los duques de Palma hacen tributaciones separadas porque tienen régimen matrimonial de separación de bienes y cada uno 'firma y efectúa su propia declaración'.
En el caso de Urdangarin, añade, las elaboraban sus asesores Marco, Luis y Miguel Tejeiro, residentes en Barcelona, mientras que el asesor fiscal de la infanta tiene sede en Madrid. Según Pascual Vives, las declaraciones de renta de 2007 y 2008 de Urdangarin ya figuran en la causa porque la Agencia Tributaria las inspeccionó; las de 2002 a 2006 corresponden a ejercicios fiscales tributaria y penalmente prescritos, y la de 2012 está pendiente de presentación.
En relación a las declaraciones de IRPF de 2009 a 2011, Pascual Vives considera que solo podrían ser investigadas 'a efectos tributarios'.
En el caso de Urdangarin, añade, las elaboraban sus asesores Marco, Luis y Miguel Tejeiro, residentes en Barcelona, mientras que el asesor fiscal de la infanta tiene sede en Madrid. Según Pascual Vives, las declaraciones de renta de 2007 y 2008 de Urdangarin ya figuran en la causa porque la Agencia Tributaria las inspeccionó; las de 2002 a 2006 corresponden a ejercicios fiscales tributaria y penalmente prescritos, y la de 2012 está pendiente de presentación.
En relación a las declaraciones de IRPF de 2009 a 2011, Pascual Vives considera que solo podrían ser investigadas 'a efectos tributarios'.
