El Congreso dio ayer el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.
Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto fue debatido en la Comisión de Interior del Congreso, que con competencia legislativa plena, será remitida al Senado.
Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de Partido nacionalista vasco y CiU, y el rechazo del Partido Socialista e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante 'ruptura' de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, puso el énfasis en una de las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente. 'Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma', destacó Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que 'el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio'.
CHAPA Y PINTURA
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son sólo 'de chapa y pintura' y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista señaló que la seguridad pública se da 'por terminada'.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, 'irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas'.
También muy crítico con la ley se mostró el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde .
Más satisfechos con la ley se mostraron PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios. 'La interacción de los intereses de todos es completa', aseguró el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley 'es buena pero mejorable'.
Como satisfactorio calificó el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también reclamó que el Senado mejore el texto.
En concreto, el portavoz de CiU Jordi Jané pidió que la Cámara Alta revise 'en profundidad' que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública 'esté enmarcada en una subordinación'.
Por su parte, para el diputado del Partido Popular Francisco Márquez, la nueva norma modernizará ley del año 1992 y no persigue la privatización. 'La ley se fundamenta claramente en los principios de complementariedad', enfantizó Francisco Márquez para quien el objetivo de la norma es 'contribuir a hacer de España un país más seguro'.
Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de Partido nacionalista vasco y CiU, y el rechazo del Partido Socialista e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante 'ruptura' de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, puso el énfasis en una de las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente. 'Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma', destacó Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que 'el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio'.
CHAPA Y PINTURA
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son sólo 'de chapa y pintura' y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista señaló que la seguridad pública se da 'por terminada'.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, 'irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas'.
También muy crítico con la ley se mostró el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde .
Más satisfechos con la ley se mostraron PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios. 'La interacción de los intereses de todos es completa', aseguró el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley 'es buena pero mejorable'.
Como satisfactorio calificó el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también reclamó que el Senado mejore el texto.
En concreto, el portavoz de CiU Jordi Jané pidió que la Cámara Alta revise 'en profundidad' que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública 'esté enmarcada en una subordinación'.
Por su parte, para el diputado del Partido Popular Francisco Márquez, la nueva norma modernizará ley del año 1992 y no persigue la privatización. 'La ley se fundamenta claramente en los principios de complementariedad', enfantizó Francisco Márquez para quien el objetivo de la norma es 'contribuir a hacer de España un país más seguro'.
