El juicio por la caída de una grúa en la calle Real en A Coruña en el año 2002, en el que murieron dos ancianas, ha quedado visto para sentencia, en el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, con un acuerdo en el ámbito penal, pero con reproches sobre la actuación de las aseguradoras, a los que algunos afectados acusan de actuar 'de mala fe'.
En declaraciones a los medios, el abogado de siete de los afectados, entre ellos los familiares de una de las mujeres fallecidas, Antonio Astray, se ha mostrado muy crítico con la actuación de las aseguradoras, a las que ha responsabilizado de no haber respetado el acuerdo al que habían llegado inicialmente sobre el pago de indemnizaciones.
'Llegaron a un pacto con nosotros y no lo han cumplido', ha afirmado el letrado, quien ha precisado que cinco de sus clientes no han aceptado las cantidades 'a la baja' planteadas por las aseguradoras 'y que podrían suponer perder entre 60.000 y 70.000 euros', ha apostillado.
Antonio Astray ha insistido en la 'generosidad' mostrada por los afectados, tras el acuerdo en materia penal por el que a los procesados, entre ellos responsables de la empresa propietaria de la grúa, se les impuso una pena de tres meses de prisión por cada uno de los dos delitos de homicidio por imprudencia.
Reparación de los daños
Sin embargo, ha cuestionado la actitud de las aseguradoras sobre las indemnizaciones 'que varían cuando llegan a juicio'. El abogado de la acusación ha reclamado en la vista la 'reparación íntegra' de los perjuicios causados, incluyendo los intereses de demora.
Por otra parte, Astray ha defendido su actuación, al llegarse a plantear la posibilidad de ejercer actuaciones contra él por, supuestamente, revelar conversaciones entre abogados ante su petición de que se admitiese una grabación sobre las cantidades acordadas. Al respecto, ha recalcado que actuó 'conforme a la ley y al mandato de mis clientes', ha apostillado.
La caída de la grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules e instalada para las obras de un edificio contiguo, se produjo el 13 de noviembre de 2002, el mismo día que la catástrofe marítima del 'Prestige'.
El suceso provocó daños en varios edificios de la calle Real, entre ellos la cubierta del Teatro Rosalía. El inmueble más afectado fue el número 3 de la calle Real, en el que vivían las dos ancianas fallecidas.
'Llegaron a un pacto con nosotros y no lo han cumplido', ha afirmado el letrado, quien ha precisado que cinco de sus clientes no han aceptado las cantidades 'a la baja' planteadas por las aseguradoras 'y que podrían suponer perder entre 60.000 y 70.000 euros', ha apostillado.
Antonio Astray ha insistido en la 'generosidad' mostrada por los afectados, tras el acuerdo en materia penal por el que a los procesados, entre ellos responsables de la empresa propietaria de la grúa, se les impuso una pena de tres meses de prisión por cada uno de los dos delitos de homicidio por imprudencia.
Reparación de los daños
Sin embargo, ha cuestionado la actitud de las aseguradoras sobre las indemnizaciones 'que varían cuando llegan a juicio'. El abogado de la acusación ha reclamado en la vista la 'reparación íntegra' de los perjuicios causados, incluyendo los intereses de demora.
Por otra parte, Astray ha defendido su actuación, al llegarse a plantear la posibilidad de ejercer actuaciones contra él por, supuestamente, revelar conversaciones entre abogados ante su petición de que se admitiese una grabación sobre las cantidades acordadas. Al respecto, ha recalcado que actuó 'conforme a la ley y al mandato de mis clientes', ha apostillado.
La caída de la grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules e instalada para las obras de un edificio contiguo, se produjo el 13 de noviembre de 2002, el mismo día que la catástrofe marítima del 'Prestige'.
El suceso provocó daños en varios edificios de la calle Real, entre ellos la cubierta del Teatro Rosalía. El inmueble más afectado fue el número 3 de la calle Real, en el que vivían las dos ancianas fallecidas.
