La Audiencia Nacional ha impuesto la pena de dos años a los exdirectivos Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascienden a 14 millones, que deberán restituir íntegramente al fondo de rescate español, el FROB. Ninguno de los implicados deberá ingresar en la cárcel al no superar los dos años de condena y carecer de antecedentes. Además, la sentencia es susceptible de recurso.
Además de Gayoso, han sido condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por lo que los jueces consideran un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, por los que la Fiscalía Anticorrupción pidió 3 años de cárcel.
Según explican los magistrados, Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova, de la que procedían tres de los acusados, y Caixa Galicia tuvo que provisionar 29,9 millones, de los cuales abonó 24 por los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron en 2010. La sala considera que el FROB ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminan que los condenados restituyan las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG, que así lo reclamó en el juicio que culminó el pasado julio, en la que ejercía como acusación particular.
En concreto, Pego deberá devolver más de 8,5 millones; Gorriarán, más de 5 y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros.
Al principio, también estuvo acusado el ex director general adjunto Javier García de Paredes, que percibió 5,6 millones, pero queda absuelto ya que en la vista, Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones porque intentó devolver el 40 % de su indemnización, pero el comienzo de esta investigación lo impidió.
La sentencia indica que los hechos condenados fueron posibles gracias a la "ayuda inestimable" de Fernández Gayoso y el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos, que actuaron como cooperadores necesarios para que "se obviara" la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas, "ignorando deliberadamente" las limitaciones que fija. Estos dos condenados, razona la sentencia, impulsaron que la Comisión de Retribuciones y el Consejo de Administración dieran su visto bueno "con toda urgencia, moviendo la voluntad de los componentes de ambos organismos".
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos.
