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La AP-9 en Rande no tenía condiciones de una autopista durante las obras

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TRIBUNALES

La AP-9 en Rande no tenía condiciones de una autopista durante las obras

El puente de Rande.
photo_cameraEl puente de Rande.
El fiscal concluye en el juicio que Audasa tenía que haber reducido el peaje; el abogado del Estado negó las prácticas abusivas de la concesionaria y afirmó que los usuarios "están obligados a pagar".

El Ministerio Público consideró que la autopista AP-9  "no registró condiciones de autopista" en el puente de Rande durante las obras que se realizaron en este tramo, por lo que Audasa, sociedad concesionaria de la vía del grupo Itínere, "tendría que haber reducido el precio del peaje" durante la duración de los trabajos

Así lo indicaron  los dos fiscales del caso, Alejandro Tuero y Santiago Miguel Cruces, en la exposición de sus conclusiones durante el último día de juicio, que quedó visto para sentencia.

El Ministerio Público insistió en que "no existía ni un solo cartel que permitiese al usuario que accedía a la AP-9 saber cómo se encontraba ese día", de modo que no había "libertad de elección" de otra vía alternativa ni se cumplía el "deber de información".

Los representantes  de la Fiscalía señalaron que el magistrado Manuel Marquina tiene la "oportunidad" de, con su sentencia, "demostrar que en Galicia sí se protege desde primera instancia los derechos de los consumidores". Al final la sesión d en declaraciones a los periodistas, el fiscal Miguel Cruces  valoró que él entiende que "las pretensiones de la Fiscalía quedaron acreditadas" respecto a la acción de cesación, "usted no puede cobrar lo mismo si da servicios distintos",  explicó. "Estamos totalmente satisfechos con el resultado de la prueba",  comento fiscal. "Entendemos que pueden prosperar las pretensiones de la Fiscalía", añadió.

El fiscal Miguel Cruces  aseguró que "existe una sólida base legal" que admite que el peaje "tiene la consideración de precio máximo" una tesis que ha defendido la Abogacía del Estado en diferentes procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional pero que "ahora ha cambiado de opinión" argumentando que esa reducción en el precio del peaje no está permitida legalmente.
El fiscal insistió en que "en ningún caso es una cuestión administrativa, es una cuestión meramente civil", por lo tanto estaría enmarcada "en las relaciones de los usuarios con la concesionaria y en cuanto a las facultades empresariales que tenía Audasa".