Fomento y Xunta compensan a la concesionaria por la gratuidad de varios tramos de la AP-9
La AP-9 es una de las autopistas de España más rentables y sin contar con los peajes. Cada gallego, la use o no, paga por ella hasta cinco euros al año. Audasa, empresa que gestiona la concesión de la vía, ingresó entre el año 2008 y el actual 154 millones de euros, según datos de Fomento y Xunta. Estas cantidades salen de las arcas públicas en concepto del pago de tramos de autopista en los que no paga el usuario (peajes en la sombra), la compensación por la bajada de tarifas de los años entre los años 2008 y 2012, el cobro de intereses y la liberación del puente de Rande.
De forma desagregada, los peajes en la sombra suponen una media de 10 millones de euros que aportan la Xunta y el Estado, en total, 81 millones en los últimos 9 años. A esto hay que sumarle la compensación económica que Audasa pidió tras aceptar una rebaja en el precio de los peajes en los peores años de la crisis económica, que supusieron un 7% de descenso en el precio de los diversos tramos. Por este concepto ingresó 43,8 millones. Hay que sumarle los 5 que cuesta liberar Rande y los 5,2 de intereses que tuvo que abonar la Administración central (1,4 de la Xunta y 3,8 de Fomento).
La AP -9 acumula 37 años de explotación y es rentable desde el año 1994. Aporta el 82% de los beneficios del grupo Itínere, convirtiéndose así en la joya de la corona del grupo Globalvia.
El coste de realizar un viaje de Vigo hasta A Coruña es de 15,30 euros por un recorrido de 160 kilómetros, con abono de peaje en Figueirido (3,60 euros), Teo (5,40) y Cecebre (6,30).
Cerca de 22.000 gallegos utilizan diariamente la Autopista del Atlántico, según los datos de 2015 que maneja Audasa. Se calcula que los conductores se dejan en las cabinas 300.000 euros diarios.
Hasta el momento, solo se ha conseguido la gratuidad en A Barcala, y en el caso de la provincia de Pontevedra, en el puente de Rande, que en la práctica supone viajar gratis de Vigo a O Morrazo, una medida acordada por la Xunta en el año 2002 y que supone para los uauarios un ahorro de 10 millones de euros pero a cambio de una compensación por parte del Gobierno gallego y la Administración central -representada por el Ministerio de Fomento- de unos 5,5 millones al año.
