El Ayuntamiento de Silleda paralizó la semana pasada el desahucio de una familia de este municipio pontevedrés, con dos hijas, una de ellas enferma, tras negociar con su entidad bancaria, Novagalicia Banco, la aplicación de una carencia de doce meses en la hipoteca.
La alcaldesa, Paula Fernández, ha contado que a través del banco de empleo municipal, el padre consiguió un trabajo, y ha explicado que el consistorio no solo trabaja en la paralización de estas prácticas, sino en que los afectados tengan una salida.
Así, comentó que el pasado mes de septiembre el pleno aprobó por unanimidad una moción en la que se acordó interpelar a los bancos y exigirles la paralización de ejecuciones hipotecarias so pena de retirada de fondos municipales, así como que no se cobrasen plusvalías a los embargados.
También la revisión de los protocolos sociales en caso de desahucio, no poner a disposición de las entidades bancarias para proceder al desahucio de los vecinos a ningún agente de la policía local y poner a los servicios jurídicos del ayuntamiento a disposición de los afectados de manera gratuita.
En el caso concreto de la familia cuyo desahucio consiguió paralizar la semana pasada, el Ayuntamiento de Silleda le proporcionó asesoramiento jurídico que pone a disposición de todos los vecinos que estén en una situación de riesgo similar.
Fernández lamenta que en Silleda haya vecinos que se enfrenten a 'la triste realidad' de los desahucios, que achaca a una ley 'obsoleta e injusta' que 'deja indefensa a la ciudadanía', y considera que muchos de los casos no están saliendo a la luz porque los propios afectados 'sienten vergüenza o no quieren pedir ayuda'.
Así, comentó que el pasado mes de septiembre el pleno aprobó por unanimidad una moción en la que se acordó interpelar a los bancos y exigirles la paralización de ejecuciones hipotecarias so pena de retirada de fondos municipales, así como que no se cobrasen plusvalías a los embargados.
También la revisión de los protocolos sociales en caso de desahucio, no poner a disposición de las entidades bancarias para proceder al desahucio de los vecinos a ningún agente de la policía local y poner a los servicios jurídicos del ayuntamiento a disposición de los afectados de manera gratuita.
En el caso concreto de la familia cuyo desahucio consiguió paralizar la semana pasada, el Ayuntamiento de Silleda le proporcionó asesoramiento jurídico que pone a disposición de todos los vecinos que estén en una situación de riesgo similar.
Fernández lamenta que en Silleda haya vecinos que se enfrenten a 'la triste realidad' de los desahucios, que achaca a una ley 'obsoleta e injusta' que 'deja indefensa a la ciudadanía', y considera que muchos de los casos no están saliendo a la luz porque los propios afectados 'sienten vergüenza o no quieren pedir ayuda'.
