Los ayuntamientos deberán entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a finales de esta semana los planes de ajuste con los que hacer frente a la devolución de los créditos que van a solicitar para pagar las facturas que tienen pendientes con sus proveedores.
Las corporaciones locales tienen hasta el próximo sábado, 31 de marzo, para plantear al Gobierno cómo van a devolver los casi 10.000 millones de euros en facturas pendientes que han presentado, un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento, con un periodo de carencia de dos años, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles y a los que se unirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Para ello, el Consejo de Ministros ya aprobó la creación de un Fondo que canalizará el crédito bancario y que estará avalado por el Tesoro Público, el cual, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado que corresponde a los ayuntamientos.
Cerca de 5.000 ayuntamientos españoles ya han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas casi dos millones de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros, como paso necesario para acogerse al mecanismo de crédito.
Esta cifra es muy inferior a la que había previsto el Gobierno para este plan, ya que había dispuesto unos 18.000 millones de euros para los ayuntamientos que quisieran acogerse al mecanismo de pago, dentro del global de 35.000 millones que compartirán con las comunidades autónomas. No obstante, los proveedores aún pueden reclamar algunas facturas que no hayan sido incluidas.
MÁS LIQUIDEZ
Fuentes gubernamentales han confirmado que, dado que las corporaciones locales no han llegado al límite que había establecido el Ejecutivo, las comunidades podrán disponer de más liquidez para hacer frente a los pagos de sus facturas, de las que deben informar a Hacienda a mediados de abril. Es más, las mismas fuentes han remarcado que 'ninguna administración se va a quedar fuera' de este plan de pago.
Según consta en el listado enviado por los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, aproximadamente las dos terceras partes de las facturas remitidas afectan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En concreto, casi 63.500 corresponden a pymes y las 50.259 restantes con de trabajadores autónomos.
Estos proveedores dispondrán del 1 al 5 de abril y del 1 al 5 de mayo para reclamar todas aquellas facturas que los ayuntamientos no han incluido en el listado que han remitido al Ministerio de Hacienda. Para ello, deberán entregar al consistorio certificados individuales que pueden obtenerse de la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE).
En el certificado, que ha de ir firmado por el interventor del municipio en cuestión, tiene que figurar el nombre de la empresa o autónomo y el importe de la factura, así como aclararse si el proveedor ha recurrido previamente a los tribunales para exigir el pago de la deuda.
Para ello, el Consejo de Ministros ya aprobó la creación de un Fondo que canalizará el crédito bancario y que estará avalado por el Tesoro Público, el cual, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado que corresponde a los ayuntamientos.
Cerca de 5.000 ayuntamientos españoles ya han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas casi dos millones de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros, como paso necesario para acogerse al mecanismo de crédito.
Esta cifra es muy inferior a la que había previsto el Gobierno para este plan, ya que había dispuesto unos 18.000 millones de euros para los ayuntamientos que quisieran acogerse al mecanismo de pago, dentro del global de 35.000 millones que compartirán con las comunidades autónomas. No obstante, los proveedores aún pueden reclamar algunas facturas que no hayan sido incluidas.
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Fuentes gubernamentales han confirmado que, dado que las corporaciones locales no han llegado al límite que había establecido el Ejecutivo, las comunidades podrán disponer de más liquidez para hacer frente a los pagos de sus facturas, de las que deben informar a Hacienda a mediados de abril. Es más, las mismas fuentes han remarcado que 'ninguna administración se va a quedar fuera' de este plan de pago.
Según consta en el listado enviado por los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, aproximadamente las dos terceras partes de las facturas remitidas afectan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En concreto, casi 63.500 corresponden a pymes y las 50.259 restantes con de trabajadores autónomos.
Estos proveedores dispondrán del 1 al 5 de abril y del 1 al 5 de mayo para reclamar todas aquellas facturas que los ayuntamientos no han incluido en el listado que han remitido al Ministerio de Hacienda. Para ello, deberán entregar al consistorio certificados individuales que pueden obtenerse de la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE).
En el certificado, que ha de ir firmado por el interventor del municipio en cuestión, tiene que figurar el nombre de la empresa o autónomo y el importe de la factura, así como aclararse si el proveedor ha recurrido previamente a los tribunales para exigir el pago de la deuda.
