El líder del PSdeG se muestra partidario de la labor de "prevención" en la lucha contra la corrupción.
La dirección del PSdeG avanzó ayer varios de los trazos de su propuesta para luchar contra la corrupción política y que se centrará en el terreno de la "prevención". Precisamente por ello, los socialistas apuestan por "separar el plano político del funcionarial" y, así, retirar a los dirigentes las competencias sobre la contratación, el personal, las concesiones y el urbanismo. Además, en rueda de prensa, el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que "en los próximos días" la ejecutiva socialista se reunirá con el grupo parlamentario para perfilar la proposición de ley que se registre en la Cámara gallega.
Partidario de la "prevención", el lucense defendió la necesidad de "hacer una separación clara entre el ejercicio en democracia de la política y el plano funcionarial para la toma de decisiones". Junto con ello, hizo "una apuesta clara" por la ley de transparencia bajo el principio de que "cuanta más información haya y más pública sea", más se reducirán las posibilidades de cometer irregularidades.
Máxima transparencia
En este sentido, aboga por dotar de "la máxima transparencia" a los contratos menores, por "dar publicidad" a las concesiones administrativas y por favorecer que haya "una información clara" sobre las inversiones y su justificación "no sólo a posteriori". Al margen del "ámbito organizativo", la propuesta que llevarán los socialistas al Pazo do Hórreo también afectará a leyes como la que regula el Consello de Contas, el Valedor do Pobo, la Función Pública y la propia normativa electoral. Y es que propondrá "aumentar las incompatibilidades de políticos y altos cargos" de la administración y la "exclusión" de los políticos de los procesos de selección o de mesas de contratación.
Sin dejar de insistir en la importancia de la "transparencia" para fomentar los "gobiernos limpios" que piden los ciudadanos, Besteiro ha planteado también la creación de un plan estratégico de prevención de la corrupción "dentro de cada administración" que permita una "fiscalización" anual. En lo que atañe a su partido, ha anunciado códigos éticos de obligado cumplimiento para sus afiliados, si bien esto no supondrá ningún cambio en lo relativo al momento procesal en que pide la dimisión de los socialistas imputados. Así, sólo se aparta a aquellos que tengan que enfrentarse a un juicio oral o reciban medidas cautelares por parte de un juez.
