El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, proclamó en el Parlamento autonómico que la aprobación de la Ley de Turismo de Galicia supone que el sector cuente con 'una herramienta flexible de futuro' en 'un momento de crisis' y garantizó que el Consello Regulador de Turismo -que crea la normativa- será un 'elemento que permitirá adaptar a las nuevas realidades' las medidas que se adopten.
En la sesión plenaria que se celebra en el Pazo do Hórreo, el mandatario autonómico recalcó que esta normativa nace de la voluntad de 'crear una herramienta para Galicia' y aseguró que es 'fruto del consenso' del sector, aunque 'no de la unanimidad'.
Asimismo, recalcó que la normativa establece un 'auténtico pacto entre lo público y lo privado' y una 'mejor coordinación' entre ambos, lo que redundará en la 'puesta en valor del patrimonio' gallego y el desarrollo 'sostenible' de un sector que supone el 12 por ciento del PIB y el 13 por ciento de los ocupados en Galicia.
El dirigente autonómico destacó en su intervención, que cerró el debate anterior entre los grupos parlamentarios, la creación de una red de oficinas de turismo, lo que a su juicio, supone fundar una 'estrategia global en el conjunto del país' y que 'sirve al sector para dar aportaciones'.
Precisamente, al hilo de las incorporaciones se refirió al trámite en la Cámara de este texto y significó las 'mejoras' que en su seno se añadieron a la normativa, aprobada con los 38 votos a favor de socialistas y nacionalistas y los 37 en contra del PPdeG.
'PARAISO PERDIDO'
No obstante, el diputado del PPdeG Aurelio Miras Portugal discrepó de las bases de la ley y, aunque concordó con la exposición de motivos, opinó que el gobierno en el articulado se fue 'a un paraíso perdido', además de criticar la 'falta de consenso' con la que, a su juicio, se da luz verde a la normativa, de la que cree que 'fragmenta a Galicia como país'.
'Había que cambiarla', reconoció, en relación al anterior texto de 1997, del que todos los grupos parlamentarios coincidieron en que había que cambiar, y apostilló que no se debía modificar 'a peor'. Al respecto, centró su argumentación en el tipo de sanciones a los locales y rechazó su recrudecimiento, ya que 'la inspección se pasa demasiado a veces', y la consideró 'intervencionista' y que no está adaptada a la 'realidad'.
La nueva normativa aumenta el tiempo de prescripción de las sanciones leves y graves, hasta un año y las muy graves hasta tres, aunque en este último punto Miras Portugal se mostró de acuerdo. Asimismo, el nuevo régimen sancionador que actualiza la disciplina turística recoge como muy grave la vulneración del derecho a la intimidad de los clientes.
'CUESTIONES PARTIDISTAS'
Ante las palabras del diputado 'popular', el responsable del BNG en esta materia, Fernando Blanco Parga, concluyó que 'la baja concreción' de los argumentos del parlamentario de la oposición apuntan a que 'el PP por cuestiones partidistas hoy no pudo apoyar esta ley', y entendió que la referencia de Miras Portugal al parlamentarismo fundacional iba en esa línea.
El diputado del PPdeG había apelado a este concepto durante su argumentación para saludar a compañeros diputados de los otros dos grupos --a Ismael Rego (PSdeG) y a Pablo González Mariñas (BNG)--, y en su turno de réplica le aseguró a Blanco Parga que fue él quien condujo a la decisión del grupo 'popular' y no al revés. 'Hablo de libertad institucional', rectificó Miras Portugal a Blanco Parga, devolviéndole el razonamiento, en alusión a la diferenciación de poderes.
Por su parte, la socialista María Concepción Burgo destacó que la normativa ofrece la 'estabilidad necesaria' al sector, 'define un marco de coordinación de competencias' y pone en valor el turismo rural, cuyos límites eran 'confusos hasta ahora' y que 'no era un tema menor'. Concretamente, la ley garantiza que este tipo de oferta turística se localiza en un contorno rural en asentamientos de menos de 500 habitantes.
Asimismo, recalcó que la normativa establece un 'auténtico pacto entre lo público y lo privado' y una 'mejor coordinación' entre ambos, lo que redundará en la 'puesta en valor del patrimonio' gallego y el desarrollo 'sostenible' de un sector que supone el 12 por ciento del PIB y el 13 por ciento de los ocupados en Galicia.
El dirigente autonómico destacó en su intervención, que cerró el debate anterior entre los grupos parlamentarios, la creación de una red de oficinas de turismo, lo que a su juicio, supone fundar una 'estrategia global en el conjunto del país' y que 'sirve al sector para dar aportaciones'.
Precisamente, al hilo de las incorporaciones se refirió al trámite en la Cámara de este texto y significó las 'mejoras' que en su seno se añadieron a la normativa, aprobada con los 38 votos a favor de socialistas y nacionalistas y los 37 en contra del PPdeG.
'PARAISO PERDIDO'
No obstante, el diputado del PPdeG Aurelio Miras Portugal discrepó de las bases de la ley y, aunque concordó con la exposición de motivos, opinó que el gobierno en el articulado se fue 'a un paraíso perdido', además de criticar la 'falta de consenso' con la que, a su juicio, se da luz verde a la normativa, de la que cree que 'fragmenta a Galicia como país'.
'Había que cambiarla', reconoció, en relación al anterior texto de 1997, del que todos los grupos parlamentarios coincidieron en que había que cambiar, y apostilló que no se debía modificar 'a peor'. Al respecto, centró su argumentación en el tipo de sanciones a los locales y rechazó su recrudecimiento, ya que 'la inspección se pasa demasiado a veces', y la consideró 'intervencionista' y que no está adaptada a la 'realidad'.
La nueva normativa aumenta el tiempo de prescripción de las sanciones leves y graves, hasta un año y las muy graves hasta tres, aunque en este último punto Miras Portugal se mostró de acuerdo. Asimismo, el nuevo régimen sancionador que actualiza la disciplina turística recoge como muy grave la vulneración del derecho a la intimidad de los clientes.
'CUESTIONES PARTIDISTAS'
Ante las palabras del diputado 'popular', el responsable del BNG en esta materia, Fernando Blanco Parga, concluyó que 'la baja concreción' de los argumentos del parlamentario de la oposición apuntan a que 'el PP por cuestiones partidistas hoy no pudo apoyar esta ley', y entendió que la referencia de Miras Portugal al parlamentarismo fundacional iba en esa línea.
El diputado del PPdeG había apelado a este concepto durante su argumentación para saludar a compañeros diputados de los otros dos grupos --a Ismael Rego (PSdeG) y a Pablo González Mariñas (BNG)--, y en su turno de réplica le aseguró a Blanco Parga que fue él quien condujo a la decisión del grupo 'popular' y no al revés. 'Hablo de libertad institucional', rectificó Miras Portugal a Blanco Parga, devolviéndole el razonamiento, en alusión a la diferenciación de poderes.
Por su parte, la socialista María Concepción Burgo destacó que la normativa ofrece la 'estabilidad necesaria' al sector, 'define un marco de coordinación de competencias' y pone en valor el turismo rural, cuyos límites eran 'confusos hasta ahora' y que 'no era un tema menor'. Concretamente, la ley garantiza que este tipo de oferta turística se localiza en un contorno rural en asentamientos de menos de 500 habitantes.
