La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha reclamado en el Congreso la creación de un depósito general de bienes incautados al narcotráfico, como órgano que gestione su destino a usos sociales.
La parlamentaria nacionalista presentó una iniciativa que demanda del Gobierno que estas propiedades y bienes confiscados se destinen a políticas para personas con drogodependencias, y pretende de esta manera que el Ejecutivo elabore una regulación específica de la gestión y destino de estas propiedades.
Davila destaca que la lucha contra el narcotráfico en Galicia, que arrancó con la denominada operación 'Nécora' a comienzos de los años 90, supuso la confiscación de numerosos bienes, como lujosos pazos, villas, barcos o modernas planeadoras que se encuentran 'en estado de abandono ante la saturación o falta de decisión' de los juzgados.
Para la diputada, este patrimonio, 'que se adquirió con cuartos procedentes del narcotráfico', debería revertir en las personas con drogodependencias, destinarse a la lucha contra los efectos de los estupefacientes, como compensación por las 'nefastas consecuencias sociales, familiares, humanas y personales que provoca'.
En opinión de Davila, el destino 'natural' de estos bienes debería ser el Plan Nacional sobre drogas, como apunta que opinan expertos y juristas en la materia, así como fiscales antidroga.
Estos expertos, destaca la parlamentaria, suelen argumentar que la gestión de patrimonios incautados al narcotráfico carece de una regulación específica por lo que, de diseñarse, los jueces sabrían cómo actuar a la hora de tramitar estas propiedades.
Davila destaca que la lucha contra el narcotráfico en Galicia, que arrancó con la denominada operación 'Nécora' a comienzos de los años 90, supuso la confiscación de numerosos bienes, como lujosos pazos, villas, barcos o modernas planeadoras que se encuentran 'en estado de abandono ante la saturación o falta de decisión' de los juzgados.
Para la diputada, este patrimonio, 'que se adquirió con cuartos procedentes del narcotráfico', debería revertir en las personas con drogodependencias, destinarse a la lucha contra los efectos de los estupefacientes, como compensación por las 'nefastas consecuencias sociales, familiares, humanas y personales que provoca'.
En opinión de Davila, el destino 'natural' de estos bienes debería ser el Plan Nacional sobre drogas, como apunta que opinan expertos y juristas en la materia, así como fiscales antidroga.
Estos expertos, destaca la parlamentaria, suelen argumentar que la gestión de patrimonios incautados al narcotráfico carece de una regulación específica por lo que, de diseñarse, los jueces sabrían cómo actuar a la hora de tramitar estas propiedades.
