La candidata de Podemos y posible ministra de Justicia si Iglesias llegara al Gobierno, está siendo investigada por una sanción administrativa que no constituye delito, según el fiscal.
La magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos, ha acusado hoy ministro de Industria, José Manuel Soria, de "estar detrás" de la "denuncia anónima" que ha llevado a la Fiscalía a investigarla por unos hechos que, a su juicio, no constituyen ningún tipo de delito.
En rueda de prensa, Rosell ha subrayado que ella pidió la excedencia antes de que comenzase a negociarse el contrato entre la UD Las Palmas y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por el que se intenta hacer ver que favoreció al empresario Miguel Ángel Ramírez en una causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
La juez ha defendido que no solo no favoreció a Ramírez ni retrasó el procedimiento, como sostiene la fiscal del caso, Evangelina Ríos, sino que fue ella la que decidió ampliar a tres los delitos imputados al presidente de la UD Las Palmas (fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores), cuando la Fiscalía solo veía indicios del primero.
Victoria Rosell ha cuestionado además que la Fiscalía tenga competencias para indagar en una presunta falta de índole disciplinario (no apartarse del caso), que solo corresponde valorar al Consejo General del Poder Judicial, y que las personas que la llevan sean imparciales, en referencia a Evangelina Ríos y el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco.
Según ella, existe "constancia" de la relación "tormentosa" que tiene con ambos.
De la primera, ha dicho que es "notoria" la enemistad ente ambas desde hace meses, y de García Panasco, ha señalado que procura "no cruzarse con él" para no "coger en medio a ningún ciudadano", dadas las diferencias que mantienen desde que ella decidió imputar a su esposa en el llamado caso Lifeblood (una presunta adjudicación irregular de un contrato sanitario público).
"Yo sé quién me busca y por qué", ha sentenciado la candidata de Podemos, que considera que Soria está utilizando las instituciones del Estado para "algo contrario al Derecho": atacar a un rival político (tanto el ministro de Industria como ella se presentan como candidatos por la provincia de Las Palmas).
La magistrada, en excedencia desde el pasado 22 de octubre, estima que la sanción a la que se enfrenta "no va a llegar a ninguna parte", al tiempo que ha recordado que, si es elegida diputada nacional, volverá a estar aforada el 13 de enero de 2016.
El contrato por el que la UD Las Palmas le arrienda a la sociedad de Carlos Sosa su licencia de FM para regularizar la situación de la emisora oficial del club se firmó el 28 de octubre, pero dos días antes se suscribió un borrador previo, con fecha de 26, que no pudo oficializarse (a la UD Las Palmas no le había dado tiempo a constituir la sociedad a través de la cual quería arrendar la FM).
Rosell dice tener información de que Soria pidió a Ramírez explicaciones de ese contrato y consiguió hacerse con una copia del texto del 26, que solo tenía la UD Las Palmas.
También sostiene que ese contrato del 26 ha llegado a la prensa desde el entorno del ministro o la Fiscalía, porque nadie más tenía copia ni notificación de él, ya que las diligencias abiertas por el Ministerio Público tenían carácter reservado.
Victoria Rossel ha asegurado que este escándalo no ha hecho replantearse a Podemos su candidatura al Congreso por Las Palmas y ha desvelado que ya había advertido a su secretario general, Pablo Iglesias, de que el hecho de que la hubiera proclamado ministra de Justicia "in pectore" era un "honor", pero también "una carga". porque por "personificar la lucha contra la corrupción podía recibir algún ataque".
"He recibido toda la solidaridad y el apoyo de Podemos, tanto en Madrid como en Las Palmas", ha aseverado Rosell, quien no piensa adoptar acción penal alguna contra nadie por las acusaciones de la que es objeto, pese a la "mella personal" que le causan.
La exportavoz nacional de Jueces para la Democracia considera que "ser inflexible con la corrupción se paga muy caro, pero se asume".
"Yo siempre he estado del lado de los buenos. Los corruptos sí saben de qué lado estoy", ha sentenciado, al tiempo que ha sugerido que no ve más explicación a la urgencia que se ha dado la Fiscalía en tramitar este asunto que la del inicio de la campaña electoral.
