La CIG ha formalizado hoy ante la Fiscalía una denuncia por el otorgamiento por la Consellería de Medio Rural y del Mar de contratos con dos empresas para helicópteros de lucha contra los incendios forestales y personal de brigadas, por importe de 6,6 millones de euros, al entender que se ha hecho 'a dedo' y puede constituir un delito de prevaricación.
Tras presentar la denuncia ante la Fiscalía esta mañana, el responsable de administración autonómica del sindicato, Fernando García, explicó que se trata de 'hechos gravísimos cometidos por altos cargos de la Consellería y por la conselleira de Medio Rural', Rosa Quintana.
A su juicio, se ha otorgado 'a dedo' un contrato de 6,6 millones de euros, 'una auténtica millonada', a unas empresas de las que la CIG había anticipado ya en junio de que iban a ser las adjudicatarias.
Según García, el contrato se ha hecho 'prescindiendo totalmente de procedimiento y se ha adjudicado a las empresas que ellos quisieron', por lo que, en su opinión, se trata de un hecho constitutivo de 'fraude y prevaricación, tanto por la conselleira como por Tomás Fernández Couto, secretario general de Montes y de Francisco Vidal Pardo, secretario general técnico' de este departamento de la Xunta.
Fernando García sostuvo que el procedimiento elegido 'sustrae' la concurrencia competitiva de otras empresas y, además, supondrá un sobreprecio para las arcas públicas gallegas, ya que opinó que el contrato, si hubiesen concurrido otras empresas, podría haberse limitado a 3,5 o 4 millones, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores.
Ha opinado que ha habido 'mala gestión', no sólo por que no se hubiesen sacado los contratos a concurso, sino porque con 'un sentido patrimonial de la administración, que consideran suya, prescinden de cualquier procedimiento' y otorgan el contrato 'a las empresas que quieren, y no se cortan'.
Además, recordó que la CIG anunció 'a quién se le iba a dar' el concurso y finalmente así sucedió, mientras denunció que el proceso 'fue ocultado, hecho de tapadillo'.
El sindicalista ha insistido en que tienen constancia de que trece helicópteros de la empresa INAER y diez cuadrillas de la sociedad NATUTECNIA, de personal de brigadas, están trabajando en los incendios forestales, sin que haya constancia formal 'en ningún boletín oficial ni en la plataforma de contratación de la Xunta'.
Fernando García explicó que el contrato negociado y sin publicidad se limita a cantidades inferiores a cien mil euros, por lo que el firmado de 6,6 millones debería estar publicado no sólo en el Diario Oficial, sino en la Plataforma de contratación de la Xunta.
Según explicó, en anteriores campañas el personal era seleccionado directamente por el servicio de prevención de incendios de la Xunta y también había brigadas de SEAGA o TRAGSA pero se trata de la primera vez, 'y esto es insólito', que una empresa privada se hace cargo de elegir a las cuadrillas de tierra.
El hecho de que la CIG denunciase dos meses antes la elección de las empresas revela que el contrato 'estaba más que amañado', sostuvo.
En el escrito remitido al Ministerio Fiscal el sindicato solicita la toma de declaración, 'con ofrecimiento de derechos correspondiente a imputable' a la conselleira Quintana; también a los otros dos altos cargos, y que se investigue si se produjo en ambos un incremento patrimonial reciente, así como a los administradores de las dos empresas adjudicatarias.
A su juicio, se ha otorgado 'a dedo' un contrato de 6,6 millones de euros, 'una auténtica millonada', a unas empresas de las que la CIG había anticipado ya en junio de que iban a ser las adjudicatarias.
Según García, el contrato se ha hecho 'prescindiendo totalmente de procedimiento y se ha adjudicado a las empresas que ellos quisieron', por lo que, en su opinión, se trata de un hecho constitutivo de 'fraude y prevaricación, tanto por la conselleira como por Tomás Fernández Couto, secretario general de Montes y de Francisco Vidal Pardo, secretario general técnico' de este departamento de la Xunta.
Fernando García sostuvo que el procedimiento elegido 'sustrae' la concurrencia competitiva de otras empresas y, además, supondrá un sobreprecio para las arcas públicas gallegas, ya que opinó que el contrato, si hubiesen concurrido otras empresas, podría haberse limitado a 3,5 o 4 millones, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores.
Ha opinado que ha habido 'mala gestión', no sólo por que no se hubiesen sacado los contratos a concurso, sino porque con 'un sentido patrimonial de la administración, que consideran suya, prescinden de cualquier procedimiento' y otorgan el contrato 'a las empresas que quieren, y no se cortan'.
Además, recordó que la CIG anunció 'a quién se le iba a dar' el concurso y finalmente así sucedió, mientras denunció que el proceso 'fue ocultado, hecho de tapadillo'.
El sindicalista ha insistido en que tienen constancia de que trece helicópteros de la empresa INAER y diez cuadrillas de la sociedad NATUTECNIA, de personal de brigadas, están trabajando en los incendios forestales, sin que haya constancia formal 'en ningún boletín oficial ni en la plataforma de contratación de la Xunta'.
Fernando García explicó que el contrato negociado y sin publicidad se limita a cantidades inferiores a cien mil euros, por lo que el firmado de 6,6 millones debería estar publicado no sólo en el Diario Oficial, sino en la Plataforma de contratación de la Xunta.
Según explicó, en anteriores campañas el personal era seleccionado directamente por el servicio de prevención de incendios de la Xunta y también había brigadas de SEAGA o TRAGSA pero se trata de la primera vez, 'y esto es insólito', que una empresa privada se hace cargo de elegir a las cuadrillas de tierra.
El hecho de que la CIG denunciase dos meses antes la elección de las empresas revela que el contrato 'estaba más que amañado', sostuvo.
En el escrito remitido al Ministerio Fiscal el sindicato solicita la toma de declaración, 'con ofrecimiento de derechos correspondiente a imputable' a la conselleira Quintana; también a los otros dos altos cargos, y que se investigue si se produjo en ambos un incremento patrimonial reciente, así como a los administradores de las dos empresas adjudicatarias.
