Se requiere identificar a las personas responsables de las compras de los fármacos para que también puedan ser citadas
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, citará en calidad de testigos a los miembros de la subcomisión encargada de autorizar los tratamientos de la hepatitis C.
El juez ha dictado un auto en el que informa a las partes de la apertura de nuevas diligencias, entre las que requiere al Sergas que identifique a los miembros de la citada subcomisión a efectos de que puedan ser notificados para que comparezcan a declarar en calidad de testigos, informó hoy en rueda de prensa el portavoz de la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C, Quique Costas.
El auto se produce después de que el pasado 23 de febrero volviesen a prestar declaración ante el juez los dos altos cargos del Sergas investigados por prevaricación y ahora también por homicidio imprudente por cuestiones de la administración de los fármacos de la hepatitis C, Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado.
Asimismo, se requiere en el auto judicial al Servizo Galego de Saúde para que identifique a las personas responsables de las compras de los fármacos para que también puedan ser citadas a declarar como testigos.
En el requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela se ha emitido también una orden a las fuerzas del orden público para que localicen a las familias de las seis víctimas con la finalidad de poder ofertarles el ejercicio de las acciones legales que le corresponden, indicó Costas.
"Los hechos son contundentes y muy tozudos. Hay personas para las que se les solicita un tratamiento que siete meses después no han recibido y que fallecieron en ese tiempo", indicó Costas.
Añadió que "frente a la debilidad de muchos de los argumentos" trasladados al juez por los altos cargos del Sergas, "se aprecia una activación mayor del procedimiento y nosotros sólo podemos alegrarnos de que sea así".
El portavoz de la Plataforma de afectados achacó "a razones presupuestarias" la demora en la dispensación de los tratamientos.
A diferencia de otras comunidades autónomas en las que los pacientes reciben los tratamientos, costeándolos previamente y remitiendo posteriormente las facturas al Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias, Costas argumentó que "Galicia gana no tener que esperar a que le abonen las facturas y por lo tanto cuadrar los presupuestos".
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Quique Costas dio a conocer algunos datos trasladados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en respuesta a la pregunta de una senadora.
Indicó que según cifras de la última encuesta de octubre de 2016 realizada en los centros penitenciarios, en los cinco centros penitenciarios gallegos estaban en ese fecha infectados por el virus de la hepatitis C un total de 661 reclusos del total de 3.403.
"La prevalencia en las cárceles gallegas en octubre de 2016 era del 19,40 por ciento, cinco puntos por encima de la media de las cárceles del Estado", destacó el portavoz de la Plataforma.
En este sentido, añadió que la prisión con mayor prevalencia de todo el Estado es la de Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, con un 24,20%, diez puntos más que la media estatal de reclusos infectados, dijo.
Acerca de los tratamientos en las cárceles, expuso que a fecha del mes de enero de 2017 en las prisiones gallegas eran 12 internos los que estaban siendo tratados: 4 en A Lama-Pontevedra, 0 en Lugo-Bonxe, 0 en Lugo-Monterroso, 0 en Pereiro de Aguiar-Ourense y 8 en Teixeiro-Curtis.
"Esta situación se deriva de que a diferencia de lo que se hizo en otras comunidades autónomas, Galicia, igual que Castilla y León, no quisieron ser en ningún momento quienes dispensasen los tratamientos, y esto es una decisión política adoptada por la Xunta y es un hecho diferencial con otras comunidades autónomas", apostilló Costas.
