El proyecto de Ley de Vivienda de Galicia, que tramita la Xunta, establece medidas que aportan seguridad jurídica al mercado inmobiliario, así como garantías a adquisidores y usuarios, al tiempo que se basa en principios de 'igualdad y transparencia' en el acceso a viviendas protegidas, según apuntó el Gobierno gallego. De este modo, la futura ley 'aportará estabilidad y dinamismo al sector', a la vez que habrá más garantías con una sistematización de los aspectos tocantes a publicidad, información y regulación del proceso de adquisición o reserva de viviendas en construcción o finalizadas.
En cuanto a los derechos en la reserva de viviendas, se obliga al constructor a conceder a la persona que reservó el derecho a decidir de si finalmente compra o no la vivienda reservada. En concreto, para que la reserva sea firme el vendedor podrá solicitar del comprador la entrega de un anticipo -que en ningún caso podrá superar el 1 por ciento del precio máximo estimado de la vivienda, descontados los impuestos, y que será deducido del precio en la compraventa-.
Eso sí, las cantidades entregadas como reserva serán recuperadas si no se puede formalizar el contrato de compraventa por causas imputables al vendedor, si la construcción no cumple los plazos establecidos, o en el caso de que el precio de vivienda definitivo supere el máximo inicialmente estimado.
Por otra parte, como medida de protección de compradores de buena fe afectados por actuaciones administrativas declaradas ilegales no se podrá proceder a la demolición de una edificación hasta una vez finalizado el procedimiento de responsabilidad patrimonial y puesto a disposición de los perjudicados la correspondiente indemnización.
REGISTRO DE PROMOTORES
Según apunta la Xunta a través de un comunicado, uno de los aspectos novedosos que incluye el proyecto de ley es el registro de promotores que creará la Xunta, el cual será de carácter público para que los compradores puedan informarse previamente. De hecho, informará de aspectos como: nombre, domicilio social, fecha de constitución, relación de obras ejecutadas en los últimos diez años, así como de sanciones o resoluciones judiciales.
Respecto a las viviendas protegidas, la futura ley prohíbe expresamente que estas ventas estén condicionadas a la adquisición de otros bienes anexos no vinculados al inmueble, de modo que el comprador solo estará obligado a adquirir la plaza de garaje o el trastero. Además, se reduce el periodo en el que las viviendas protegidas quedan sometidas a restricciones de uso y transmisión, en función de las áreas geográficas en las que se emplacen, aunque con carácter general los plazos de protección serán de 15 o 25 años.
Eso sí, las cantidades entregadas como reserva serán recuperadas si no se puede formalizar el contrato de compraventa por causas imputables al vendedor, si la construcción no cumple los plazos establecidos, o en el caso de que el precio de vivienda definitivo supere el máximo inicialmente estimado.
Por otra parte, como medida de protección de compradores de buena fe afectados por actuaciones administrativas declaradas ilegales no se podrá proceder a la demolición de una edificación hasta una vez finalizado el procedimiento de responsabilidad patrimonial y puesto a disposición de los perjudicados la correspondiente indemnización.
REGISTRO DE PROMOTORES
Según apunta la Xunta a través de un comunicado, uno de los aspectos novedosos que incluye el proyecto de ley es el registro de promotores que creará la Xunta, el cual será de carácter público para que los compradores puedan informarse previamente. De hecho, informará de aspectos como: nombre, domicilio social, fecha de constitución, relación de obras ejecutadas en los últimos diez años, así como de sanciones o resoluciones judiciales.
Respecto a las viviendas protegidas, la futura ley prohíbe expresamente que estas ventas estén condicionadas a la adquisición de otros bienes anexos no vinculados al inmueble, de modo que el comprador solo estará obligado a adquirir la plaza de garaje o el trastero. Además, se reduce el periodo en el que las viviendas protegidas quedan sometidas a restricciones de uso y transmisión, en función de las áreas geográficas en las que se emplacen, aunque con carácter general los plazos de protección serán de 15 o 25 años.
